Ministro Jaime Gajardo: “El Plan Nacional de Búsqueda es una obligación del Estado, no un acto de venganza”
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, reafirmó el compromiso del gobierno con el Plan Nacional de Búsqueda, calificándolo como “una obligación del Estado” y subrayando que su propósito es “entregar verdad, justicia y memoria, todo lo contrario a la venganza”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro recalcó que la iniciativa “busca definir las trayectorias de las personas detenidas desaparecidas y colaborar con las investigaciones judiciales”. Añadió que “imagínese el dolor de más de 50 años sin saber el paradero de un familiar, sin poder hacer el duelo completo. Son mil 469 personas desaparecidas, y el Estado tiene el deber de actuar”.
Gajardo valoró que dentro de Chile Vamos existan sectores que “han manifestado su respaldo al plan, reconociendo que se trata de una política necesaria y de una obligación del Estado”. Sin embargo, advirtió que “lamentablemente no lo he visto en los sectores más a la derecha”, y llamó a mantener el compromiso transversal con la memoria y los derechos humanos.
“El Plan Nacional de Búsqueda se ha aprobado en sus presupuestos durante 2023 y 2024, y ha contado con apoyo en el Congreso. Es una política pública fundamental para que nuestra democracia se valore a sí misma y para que en Chile nunca más ocurran crímenes como los de la dictadura”, enfatizó el ministro.
Avances en materia penitenciaria
El titular de Justicia también abordó los avances en materia penitenciaria, destacando que el gobierno ha impulsado una modernización sin precedentes del sistema carcelario. “A diferencia de otros países de la región, en Chile hemos reforzado el control de los establecimientos penales. Tenemos un 40% más de población penal que en gobiernos anteriores, pero menos fugas, menos muertes por riñas y menos incidentes colectivos”, explicó.
Gajardo detalló que desde 2012 no se aumentaban las plazas penitenciarias, pero que el actual gobierno “ya ha implementado 2 mil 500 nuevas plazas y se proyecta llegar a 5 mil al final del mandato, dejando un plan maestro con entre 10 mil y 12 mil en desarrollo”. Además, destacó la reciente aprobación de la ley Fast Track penitenciario, que “permitirá construir y ampliar cárceles en plazos de hasta 36 meses, agilizando la respuesta frente a la sobrepoblación”.
“Con esta ley vamos a tener un sistema penitenciario más moderno, más seguro y capaz de mantener el control sin caer en modelos de represión extrema”, señaló, marcando distancia con iniciativas como las “megacárceles” de El Salvador.
Respecto a los desafíos del sistema, Gajardo sostuvo que “la seguridad y la reinserción social deben ser los dos pilares del sistema penitenciario”. Afirmó que el gobierno ha fortalecido los programas de reinserción y que se encuentra implementando el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que reemplazará al Sename en 2026. “Es clave para quebrar las trayectorias delictivas de los jóvenes y evitar que terminen en las cárceles de adultos”, sostuvo.
El ministro cerró destacando que esta reforma ha sido “un acuerdo de Estado, respaldado por tres gobiernos y tres parlamentos de distinto signo político”, y que su implementación “demuestra que cuando hay voluntad, se puede avanzar en políticas públicas sostenibles y humanas”.