A un mes del alto al fuego: gobernanza de Gaza y desarme de Hamás complican al plan de paz

Pasado un mes desde el alto al fuego en la Franja de Gaza, la paz para los palestinos sigue siendo un espejismo. Ni en Gaza ni en Cisjordania la calma se ha hecho realidad.

Las negociaciones por el futuro del enclave se reanudaron este miércoles en El Cairo y en Doha. Sobre la mesa está el plan de paz impulsado por Estados Unidos junto a Egipto y Catar, el mismo que hace un mes permitió la liberación de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel.

Sin embargo, la Fase 2 del proceso —centrada en la reconstrucción y gobernanza del territorio— aparece como la más ambiciosa y, al mismo tiempo, la más compleja de todo el plan.

Porque la tregua, en los hechos, no ha detenido la violencia. Desde su entrada en vigor, más de 250 gazatíes han muerto y unos 600 han resultado heridos en ataques y enfrentamientos dentro del enclave. Según el Ministerio de Salud gazatí, Israel habría violado el alto al fuego en al menos 40 ocasiones. Y esas cifras podrían quedarse cortas.

Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, los muertos ya superan las 69 mil personas. La mayoría niños, mujeres y ancianos.

Con bloques de hormigón amarillo, Gaza quedó dividida en dos. El 53% del territorio está bajo control israelí, con tropas desplegadas y retenes militares; mientras que en el 47% restante, casi dos millones de personas sobreviven entre campamentos y escombros. En el oeste, Hamás intenta mantener su dominio; en el este, el Ejército israelí se niega a retirarse hasta que Hamás deponga las armas y se establezca una fuerza multinacional.

En este contexto de “paz aparente”, las negociaciones buscan avanzar en cuatro pilares fundamentales.

• El desarme de Hamás.
• La reconstrucción del enclave.
• La gobernanza postconflicto.
• Y el despliegue de una fuerza internacional de seguridad.

Pero lograrlo implicará concesiones difíciles para ambas partes.

Hamás ha rechazado cualquier desarme si antes no se establece un Estado palestino soberano. Israel, por su parte, se niega rotundamente a permitir que la Autoridad Nacional Palestina —la ANP— tenga un rol en la administración de Gaza.

La ANP, sin embargo, insiste en volver a gobernar el enclave. Presentó un plan quinquenal para la reconstrucción y el desarrollo, estimado en 70 mil millones de dólares, con el objetivo de estar plenamente operativa en Gaza dentro de 12 meses. Pero Israel lo rechazó tajantemente.

En este entramado, Francia ofreció enviar un centenar de gendarmes para la futura fuerza internacional de paz. Y Estados Unidos analiza establecer una base temporal en el sur de Israel, cerca de Gaza, para albergar hasta 10 mil efectivos que apoyarían esa misión de estabilización.

No obstante, la reconstrucción sólo podrá comenzar una vez que se acuerde el desarme de Hamás y la retirada gradual de las tropas israelíes. Puntos que siguen siendo los mayores obstáculos. Israel, además, pretende mantener control sobre la entrada de materiales considerados de “doble uso” —aquellos que podrían emplearse con fines militares—, lo que limitaría severamente la autonomía palestina.

El tema de la gobernanza de Gaza tras el conflicto es quizás el más divisivo. Ninguna de las partes está dispuesta a ceder el control.

Sobre la mesa hay tres propuestas principales. La primera, que la ANP retome el poder, integrando Cisjordania y Gaza bajo un solo gobierno palestino. La segunda, un gobierno tecnocrático de transición, con expertos sin afiliación política, supervisado por la ANP y una entidad internacional llamada “Junta de Paz”. Y una tercera, impulsada desde Israel, que sugiere dividir Gaza en zonas controladas por clanes locales no ligados a Hamás.

Hamás rechaza cualquier retorno de la ANP, pero en conversaciones indirectas ha mostrado apertura a la idea del gobierno tecnocrático. Israel, en cambio, descarta cualquier fórmula que incluya a Hamás o a la ANP en su estructura actual. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en que Gaza debe ser una “zona desradicalizada” bajo supervisión internacional.

La propuesta estadounidense intenta salir del punto muerto con un periodo transitorio, una autoridad tecnocrática palestina supervisada por la comunidad internacional, una fuerza de paz multinacional —idealmente de países árabes— y una policía civil palestina entrenada para asumir el control interno. No obstante, hay un tercer actor que complica las negociaciones: Turquía.

Bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mantiene una relación directa con los líderes políticos de Hamás, a quienes no considera terroristas, sino un movimiento de liberación nacional. Erdoğan ha llegado a comparar a Netanyahu con Hitler, lo que evidencia la tensión.

Turquía, junto con Catar y Egipto, es uno de los pocos mediadores con credibilidad ante Hamás, y su rol es clave para garantizar que cualquier acuerdo no sea revertido unilateralmente por Israel. Y los últimos rechazan tajantemente cualquier participación turca en la fuerza de paz o en la gobernanza del enclave.

Aun así, la influencia de Ankara preocupa a Netanyahu. Erdogan ha logrado mantener una relación cordial con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha expresado públicamente su respeto por el mandatario turco.

Turquía insiste en que la seguridad y la administración de Gaza deben quedar en manos de los propios palestinos, y no bajo una estructura internacional impuesta.

En tanto, mientras la atención global sigue centrada en Gaza, en Cisjordania la situación se deteriora rápidamente.

Hace apenas unos días, el Parlamento israelí aprobó en primera lectura una ley que permite aplicar la pena de muerte a los acusados de terrorismo. El proyecto fue impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y obtuvo 39 votos a favor y 16 en contra. La medida, dirigida principalmente contra palestinos condenados por matar israelíes, establece que el castigo será obligatorio en casos motivados por racismo u odio hacia el Estado de Israel. Además, reduce el quórum necesario en tribunales militares para imponer la pena capital, lo que la enfoca directamente en Cisjordania.

Hamás calificó la iniciativa como una ley “fascista” y contraria al derecho internacional. Desde Ramala, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino la describió como una “nueva forma de extremismo y criminalidad israelí contra el pueblo palestino”.

La polémica surge en medio del escándalo por las imágenes filtradas de la prisión de Sde Teiman, donde soldados israelíes fueron grabados agrediendo sexualmente a prisioneros palestinos. Lejos de ser sancionados, muchos han sido liberados y hasta considerados héroes por parte de la opinión pública israelí.

Cisjordania también atraviesa la temporada de aceituna más violenta de los últimos años. Desde la invasión de Gaza en 2023, los ataques de colonos israelíes contra agricultores palestinos se han triplicado, muchas veces con apoyo del propio Ejército.

El miedo ha obligado a cientos de familias a abandonar sus cultivos. La cosecha, vital para más de 100 mil personas, se ha convertido en un símbolo de resistencia compartida por generaciones y por activistas israelíes y extranjeros cada vez más perseguidos.

Ante esta espiral de violencia, el propio Ejército israelí ha debido intervenir. El comandante de las fuerzas en Cisjordania, Avi Bluth, llamó a sus soldados a actuar para prevenir “actos de delincuencia nacionalista” tras los últimos ataques de colonos en Tulkarem, donde varios camiones fueron incendiados y varias personas resultaron heridas.

Bluth calificó a los agresores como “jóvenes delincuentes anarquistas que usan la violencia contra personas inocentes y contra las fuerzas de seguridad” y pidió responder con firmeza.

Según organizaciones internacionales de derechos humanos, solo en lo que va del año cerca de mil palestinos han muerto en Cisjordania por ataques de colonos o por acciones del Ejército israelí.

Un mes después del alto al fuego, Gaza y Cisjordania siguen siendo el reflejo de una misma herida abierta. La paz, de momento, parece seguir tan lejos como siempre.