El ladrón de urnas debe irse
El despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas está provocando una gran tensión. Y conviene decirlo sin rodeos: si esa presencia sirve para acelerar el final de la dictadura de Nicolás Maduro , ABC la respalda sin reservas. Tras una década de devastación económica, represión sistemática y exilio masivo, Venezuela ya tiene un presidente legítimo –Edmundo González– y un usurpador atrincherado. La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado mientras un régimen criminal continúa destruyendo la vida de millones de venezolanos y alimenta redes de narcotráfico por todo su hemisferio. La contundencia norteamericana contrasta de forma hiriente con la política española hacia Caracas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desempeñado, año tras año, el papel más lamentable entre las democracias occidentales: contemporizar, relativizar y, cuando le ha convenido, hasta blanquear la dictadura venezolana. Los movimientos opacos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en una suerte de 'lobista' oficioso del chavismo, son un capítulo especialmente vergonzoso de esta deriva. Mientras Europa intentaba mantener una posición común, España prefería la equidistancia. Mientras la oposición venezolana reclamaba firmeza, la Moncloa ofrecía silencios cómplices. Y mientras la región se enfrentaba a la mayor crisis migratoria de su historia, el Gobierno socialista optaba por proteger a Maduro en vez de defender la democracia. Ese tiempo se ha acabado. La presencia del USS Gerald Ford y del conjunto de fuerzas que Washington ha enviado al Caribe muestra que Donald Trump ha decidido actuar. Y lo ha hecho sustentado en un hecho incontestable: el régimen de Maduro forma parte del entramado que mueve cocaína, oro ilegal y recursos estratégicos a través de organizaciones criminales trasnacionales. No es un Estado fallido; es un Estado mafioso. Ahora bien, incluso en un escenario tan degradado como el venezolano, no vale todo. La campaña de destrucción de narcolanchas en aguas internacionales, sin captura, sin identificación y sin que exista posibilidad alguna de procesar a los responsables, plantea dudas jurídicas y éticas que no deben ignorarse. La lucha contra el narcotráfico es una obligación de todos los Estados, pero convertirla en una serie de ejecuciones sumarias no fortalece el Estado de derecho: lo erosiona. Washington sostiene que se trata de narcoterroristas en un conflicto armado; otros juristas, de forma convincente, señalan que son homicidios sin amparo legal. ABC coincide con esta segunda tesis. Por grave que sea el delito, la respuesta no puede ser una muerte sin garantías. Justicia no es disparar primero y preguntar después, o nunca. Defender esto no implica neutralidad. Significa recordar que la fuerza occidental –la que se invoca para proteger a la democracia en Venezuela– se legitima precisamente porque actúa dentro de unos límites. No porque renuncie a la acción, sino porque la subordina a leyes claras. La causa de la libertad venezolana es demasiado importante como para mancharla con procedimientos dudosos. El objetivo esencial sigue siendo el mismo: la salida de Maduro, el desmantelamiento de su régimen criminal y la restitución plena de la soberanía democrática. Es una oportunidad histórica para que Venezuela recupere su futuro. La dictadura caerá. La pregunta es si lo hará dejando espacio para una transición sólida o alimentando nuevas fracturas. Y ello dependerá, en buena medida, de que la firmeza vaya acompañada de la legitimidad que distingue a las democracias de los regímenes que pretenden derrotar.
