El Consejo de Ministros inició ayer el proceso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, aprobando el techo de gasto, la senda de estabilidad y una revisión al alza del cuadro macroeconómico. El Ejecutivo se ha ahorrado durante dos años este ritual, destinado a cumplir con la obligación constitucional de presentar las cuentas públicas antes del 1 de octubre de cada año. A la vista de la situación parlamentaria, el gesto se antoja más engañoso que sincero: España sigue gobernándose con unas cuentas que se aprobaron en 2022 por otro Parlamento y no hay garantías de que este nuevo intento llegue a buen puerto. El Gobierno ha fijado el techo de gasto no financiero en 212.026 millones de euros, un incremento del 8,5 por ciento respecto a 2025. Se trata de una cifra récord. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha calificado de «expansivo y responsable», un oxímoron que el Ejecutivo lleva años invocando. En paralelo, se ha revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB para 2025 hasta el 2,9 por ciento, en línea con las estimaciones de la Comisión Europea y del FMI. El optimismo económico del Gobierno se ve acompañado de un ambicioso calendario de reducción del déficit, con descensos progresivos del 2,5 por ciento de este año hasta el 1,6 en 2028. Una parte sustancial de ese déficit, sin embargo, se debe a factores estructurales, como la transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social para sostener el sistema público de pensiones. En teoría, este esfuerzo fiscal no comprometería los objetivos de Bruselas, pero será la Airef la que deberá dictaminar su compatibilidad con el límite del 3,5 por ciento de crecimiento del gasto público pactado con Bruselas. Hasta aquí, el guion técnico. Pero la política introduce un grado de incertidumbre que desvirtúa cualquier previsión. El Gobierno necesitará apoyos parlamentarios para aprobar tanto la senda fiscal como los Presupuestos. Y hoy no los tiene garantizados. Junts ha amenazado con bloquear sus principales iniciativas legislativas, mientras el PP, que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, sostiene que estas cuentas «son humo» y que Pedro Sánchez sólo intenta «marear la perdiz». Por si fuera poco, el Gobierno ha vinculado este proceso a la reforma del sistema de financiación autonómica, ofreciendo una fórmula «multilateral y bilateral» que ha sido interpretada como una cesión a las exigencias del independentismo catalán. Esta ambigüedad, denunciada incluso por ejecutivos socialistas como el de Castilla-La Mancha, siembra más división y amenaza con convertir la financiación territorial en arma electoral. En este contexto, la elaboración de los Presupuestos vuelve a parecer un ejercicio puramente teatral. El Ejecutivo presenta cifras y objetivos como si tuviera asegurada la gobernabilidad, pero las cuentas de 2026 podrían no ver la luz. El inicio del año con unos presupuestos prorrogados –esta vez, de hace tres ejercicios– sería un síntoma alarmante de bloqueo institucional. Es verdad que las distintas fases de elaboración de los PGE le brindarán a Sánchez nuevas oportunidades que explotará en su favor. De hecho, el Gobierno ya empezó a cosechar beneficios del mero anuncio de que se inicia el proceso: en la conferencia de prensa en la Moncloa no hubo una sola pregunta sobre corrupción –con la que está cayendo– porque la novedad del día eran las nuevas cuentas. España necesita unos presupuestos estables, serios y técnicamente viables. Pero la única salida razonable si estas cuentas son rechazadas, es devolver a los españoles la autoridad para decidir quién debe gobernar el país.
