El próximo 1 de diciembre, Alfredo Delgado García asumirá la responsabilidad de vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, tras ocho años como decano de esa institución en Castilla-La Mancha. Desde su experiencia como registrador de la propiedad desde 1993, el leonés, castellanomanchego de adopción, comparte con ABC su visión de la actualidad mercantil, con el acceso a la vivienda en el foco de sus declaraciones. —¿Cómo explicaría a los lectores el papel de un registrador de la propiedad? —Bueno, pues el registrador de la propiedad es un funcionario público que está a cargo de los registros de la propiedad y que su principal misión es la calificación registral, es decir, inscribir los derechos reales sobre los bienes inmuebles. Damos seguridad al tráfico jurídico inmobiliario. El trabajo fundamental que nosotros hacemos es la calificación, que no es más que el estudio jurídico de los documentos que acceden al registro desde cualquier operador jurídico. —¿Y cómo se lleva a cabo esa protección jurídica? —Si compro una finca, soy el dueño y sé que soy el dueño porque la he comprado. Y el vendedor que me la vende, pues sabe que me la ha vendido. Pero yo lo que quiero es que mi derecho no solamente esté protegido frente a mí, sino frente a todos los terceros, es decir, que los demás puedan saber que yo soy propietario y que por lo tanto estoy protegido por las leyes y por el registro de la propiedad. Es una función fundamentalmente de seguridad jurídica, de protección al titular y de protección frente a terceros. —Dada su experiencia de más de 30 años en Castilla-La Mancha, ¿qué radiografía inmobiliaria hace de la región? —Castilla-La Mancha es una región que se caracteriza por su dinamismo, ha estado en constante crecimiento, en constante evolución. Ahora mismo con el problema de la vivienda está mostrando un gran dinamismo. En el último año probablemente se van a vender por encima de 30.000 viviendas en Castilla-La Mancha, pero a pesar de eso seguimos manteniendo unos precios muy razonables. Estamos en 900 euros por metro cuadrado, cuando la media nacional son 2.200 o 2.300. —¿Y en materia de hipotecas? —Podemos ver cuánto de un sueldo de un castellanomanchego se destina ahora mismo a tener una hipoteca. En el año 2007 necesitaba el 47 por ciento de su sueldo, ahora se requiere un 26 por ciento. Eso quiere decir que tenemos en el ámbito del mercado de la vivienda una buena seguridad jurídica en una región donde el acceso a la vivienda es razonable. —¿Hacia dónde apunta como responsables de este problema de acceso a una vivienda en propiedad? —Hay varias direcciones, podemos remontarnos a la crisis de 2008. En aquella época todos los pueblos tenían un plan urbanístico de crecimiento y ahora todo lo contrario, no tenemos desarrollos urbanísticos. Si los ayuntamientos no gestionan suelo urbano mal saldremos de esta crisis. Luego hay otra cuestión, legislativa. No es posible, imagine, que se pueda sacar suelo urbano y, sin embargo, todo ese desarrollo legislativo tarde 5 años en desarrollarse. Y, además, podemos añadir que ha habido un problema con el precio de los materiales y con la mano de obra cualificada. Son distintos factores, pero el problema fundamental es que donde había mucha construcción de vivienda, pues ahora no hay suelo. Y la solución no es fácil porque una vivienda no se hace de hoy para mañana. —¿Considera así que la crisis de hoy vaya a desencadenar en el agujero financiero de la de 2008? —Es una crisis completamente distinta a la del año 2008. En el año 2008 necesitábamos 200.000 viviendas y se hacían 600.000 y se vendían porque había liquidez en el mercado, había crédito, entonces fue una crisis de crédito. Ahora el problema es que seguimos solicitando 200.000 viviendas, pero todos los años las certificaciones de los arquitectos de nuevas construcciones no llegan a esa cifra porque no se construye, llegamos a las 140.000 más o menos. Y así año tras año, vas dejando un vacío acumulado y ahí tenemos el problema. —Desde el pasado 1 de julio se están encargando de otorgar un número de registro a los pisos o habitaciones destinadas al alquiler turístico, es obligatorio. ¿Esta medida es parte de la solución al problema de la vivienda? —La seguridad jurídica siempre soluciona muchos problemas y la regulación en este caso es acertada. Se trata de poner un poquito de control a este mercado del alquiler. No se refiere a todos los alquileres, sino al turístico y al de corta duración trasladando la legislación europea. Cuando como registradores damos ese número o código a esas propiedades lo primero que comprobamos es que quien lo solicita sea el dueño de la finca. Y se sorprendería, pero no siempre ocurre así. Lo segundo que tengo que pedirle es un título habilitante que concede la Junta de Comunidades a través de la inscripción en el registro que tiene preparado al efecto. Así, ha sido una medida de control que ha tenido muchas críticas por los requisitos y ciertos límites, pero al final la experiencia ha sido buena. Creo que el mercado ha ganado en seguridad jurídica y en trazabilidad, en control. —Por último y porque como registrador lo vivió en Castilla-La Mancha, la cuestión de la inmatriculación de bienes de la iglesia siempre ha generado cierto debate y controversia. ¿Es una asignatura superada? —Sí, pero fue una asignatura no bien explicada. La ley del siglo XIX se modificó por el Gobierno de José María Aznar con la intención de que el ciudadano que comprara a la Iglesia o al Estado los bienes desamortizados quedara protegido, y en 2015 esa fórmula ya no tenía mucha sostenibilidad, y se decide por ley que la Iglesia se acoja al régimen normal. Ahí la Iglesia Católica, que en muchos casos tenía numerosos títulos y documentos lo que hizo fue inscribirlos.
