La OCDE propone a Castilla y León que fusione escuelas en pueblos cercanos para optimizar los recursos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) critica que la adaptación de la red escolar al envejecimiento no es una prioridad para la Junta de Castilla y León pese a las previsiones de los próximos años. “La reticencia política sigue siendo un obstáculo clave para la optimización de la red escolar, pero los incentivos específicos y la cooperación intermunicipal podrían facilitar el cambio”, subraya la OCDE en su informe Preparando a Castilla y León (España) para el Cambio Demográfico, publicado en septiembre de este año.

“La región debería adoptar un enfoque estructurado y transparente para la consolidación de la red escolar”, sostiene la organización, que propone establecer umbrales mínimos de matrícula más elevados que ahora —el mínimo actual son 3 alumnos—, con un transporte escolar garantizado y la exploración de modelos de escuelas multigrado o compartidas en colaboración con las comunidades locales.

Por eso propone unificar espacios que proporcionen una serie de servicios: escuelas, centros de educación infantil, centros de día o residencias para personas mayores, bibliotecas y servicios básicos de salud. Estos centros multifuncionales deberán estar adaptados a las necesidades locales, lo que reduciría los tiempos de desplazamiento y mejoraría la disponibilidad de los servicios. El análisis de la OCDE identifica “al menos” 27 escuelas de Educación Primaria ubicadas en 14 municipios que tienen “potencial de fusión”, puesto que están a menos de cinco minutos en coche entre sí, aunque el informe no identifica donde se ubican de forma concreta.

También propone vincular la financiación de la educación a una prestación de servicios más eficiente. Por ejemplo, a través de una subvención específica para los municipios que accedan a fusionar sus escuelas para garantizar que los ahorros se reinviertan en mejores infraestructuras y servicios. La OCDE ofrece el ejemplo de Lituania, donde la cooperación intermunicipal se ha utilizado para optimizar la prestación de servicios.

El principal reto que subraya la OCDE es la fragmentación municipal, porque conlleva ineficiencias y la incapacidad para proporcionar servicios públicos básicos de forma sostenible. “Con la escasa población de la región dispersa en una vasta área geográfica, mantener servicios de alta calidad, a la vez que se garantiza su rentabilidad y equidad, resulta cada vez más difícil”, lamenta el informe.

El uso más eficiente del suelo, acorde con las tendencias demográficas, no se está produciendo a un ritmo significativo, ya que muchos municipios pequeños tienen planes de ordenación territorial obsoletos o carecen de ellos y no poseen la capacidad técnica para implementar programas de reforma. El estudio destaca la importancia de la cooperación intermunicipal para mejorar la eficiencia de los servicios y hace referencia a las fusiones voluntarias de municipios.

Advierte del programa de Vivienda

La OCDE recomienda a la Junta de Castilla y León que reexamine su programa de vivienda TUYA —el plan estrella de vivienda de la Junta para avalar a los jóvenes— por los “posibles riesgos a largo plazo” como que las garantías hipotecarias resulten “financieramente arriesgadas” o trasladar el descenso de la población joven de unas zonas a otras. La OCDE considera que este programa podría “elevar los precios de la vivienda y excluir a los jóvenes que no cumplen los requisitos para obtener una hipoteca”. Por eso propone redirigir el gasto del programa y aumentar la construcción de vivienda pública en “zonas estratégicas” con base en las tendencias demográficas y el acceso a los servicios, así como el apoyo técnico de los municipios.

También pone el foco en el programa 'Rehabitare', cuyo impacto se podría ampliar si la comunidad explota “nuevas fuentes de financiación” como los fondos de la Política de Cohesión de la UE y la colaboración más activa con el sector privado y el tercer sector. “La revisión intermedia en curso de la Política de Cohesión de la UE ofrece una oportunidad concreta para reasignar los recursos del FEDER a intervenciones estratégicas de vivienda en zonas rurales y en declive demográfico”, promueve la OCDE. La organización internacional ha reclamado modificar el programa para permitir la cofinanciación de proyectos de rehabilitación, especialmente aquellos que fomenten la movilidad laboral, el envejecimiento de la población o el atractivo rural.

Además, la OCDE propone que la Junta apoye a los municipios a identificar las propiedades prioritarias a rehabilitar e incluso le pide que considere la demolición estratégica en lugar de la rehabilitación en zonas donde la demanda de vivienda se ha desplomado. La OCDE recomienda a Castilla y León que participe “más activamente” en las consultas que hay en el Plan de Vivienda Asequible en el que está trabajando la Comisión Europea. “Las lecciones aprendidas de REHABITARE y TUYA podrían servir de base para enfoques más amplios de la UE en materia de vivienda en territorios con baja demanda, donde el vínculo entre la revitalización demográfica y la política de vivienda es especialmente fuerte”, destaca. La OCDE aconseja crear “un banco de tierras” o una agencia de alquiler social “para adquirir y gestionar propiedades subutilizadas o vacantes, y promover su rehabilitación para usos productivos o naturales”.

La OCDE propone implantar incentivos fiscales para la venta de segundas residencias y que estas se conviertan en viviendas principales y ofrecer alquileres asequibles, especialmente en las zonas rurales, donde en ocasiones la oferta de vivienda existente es muy baja. Además, plantea introducir un sistema diferenciado de impuestos sobre la propiedad para que las propiedades vacías vuelvan al mercado.

Ayuda a domicilio y residencias

Castilla y León también debería aspirar a un modelo de atención a las personas mayores “más equilibrado” que integre la atención domiciliaria con los servicios comunitarios, según la OCDE. El estudio considera “valiosa” la iniciativa de 'A gusto en casa', aunque advierte que “una dependencia excesiva de la atención domiciliaria podría no ser sostenible a largo plazo”. “El modelo de atención domiciliaria necesita más inversión en cuidadores y modelos de servicio innovadores para seguir siendo viable”, insiste la OCDE.

En relación con el empleo rural en sectores clave como la atención sociosanitaria, la OCDE propone que los municipios destinen viviendas vacías con alquileres subvencionados para “animar a los trabajadores sanitarios a establecerse en comunidades remotas”. La organización internacional propone a la Junta que proporcione “asistencia financiera, servicios de respiro y formación” para los cuidadores no profesionales como existe en los países escandinavos. Noruega incluye subvenciones, formación profesional y apoyo psicológico para los cuidadores, mientras que Suecia ofrece prestaciones sociales para garantizar la seguridad financiera de las familias que cuidan a familiares ancianos o discapacitados.

Un observatorio permanente

La OCDE recomienda la creación de un observatorio demográfico permanente para Castilla y León, que pueda “apoyar el monitoreo sistemático de las tendencias poblacionales, consolidar la investigación demográfica y proporcionar aportaciones técnicas para fundamentar la toma de decisiones a nivel regional y local”. “Un observatorio regional ayudaría a anticipar los desafíos demográficos, evaluar el impacto a largo plazo de las políticas públicas y mejorar el diseño de intervenciones específicas”, sostiene la organización internacional, que propone emular el Observatorio de Aragón.

Para la OCDE, Castilla y León debería introducir evaluaciones de impacto demográfico como parte de sus procesos de evaluación de políticas. Estas evaluaciones deberían ser “sencillas y eficientes” e integrarse en evaluaciones de impacto socioeconómico más amplias para evitar la carga administrativa.

La OCDE reconoce que Castilla y León está entre las regiones más avanzadas de España en la respuesta a los retos demográficos, con administraciones regionales, provinciales y municipales que implementan “una amplia gama de iniciativas”, aunque considera que se podría hacer más. La organización reclama una definición “más clara” de los problemas y un análisis de causas “más sólido”, además de una mejor coordinación entre todos los gobiernos.

“Partiendo de los avances logrados, Castilla y León podría reforzar el impacto de su estrategia demográfica mediante un enfoque más integrado y basado en la evidencia, respaldado por evaluaciones del impacto demográfico y un sistema compartido de indicadores”, señala. La OCDE también cree que el Gobierno de España podría “revisar” la Estrategia Nacional de 2019 puesto que “carece de focalización espacial”, lo que dificulta que autonomías como Castilla y León “implementen políticas adaptadas a sus necesidades”.