Un preso de EEUU afirma haber perdido una fortuna oculta en bitcoins y el caso apunta a un posible error irreversible

El incremento de valor de las criptomonedas en el último lustro ha impulsado numerosos litigios relacionados con la custodia de soportes digitales y con la titularidad de fondos declarados tiempo atrás como “residuales”. El caso de Michael Prime, detenido en Estados Unidos en 2019 por falsificación y suplantación de identidad, se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos en esta materia. Su relato, modificado años después de su encarcelamiento, sostiene que una parte de su patrimonio habría desaparecido durante la gestión de sus pertenencias personales.

Los documentos oficiales del proceso relatan que, en el momento de su ingreso, Prime declaró poseer dos embarcaciones, dos vehículos y “una pequeña cantidad de bitcoins”, una valoración que situó entre 200 y 1.500 dólares. Nada en aquel inventario indicaba la existencia de activos con un valor relevante. Las autoridades federales, siguiendo los procedimientos estándar para objetos no reclamados, autorizaron la destrucción de soportes que no presentaban aparente interés jurídico.

Un cambio de versión que reabre el debate sobre la custodia

Años después, el antiguo recluso aseguró que uno de los discos duros destruidos —un dispositivo externo de color naranja— contenía en realidad 3.443 bitcoins. Al valor de mercado actual, esa cifra superaría ampliamente los 300 millones de euros. Según su declaración posterior, aquel soporte digital almacenaba claves de acceso imprescindibles para recuperar los fondos.

La variación de su relato provocó que Prime solicitara al Gobierno estadounidense la restitución del supuesto valor económico. La petición fue revisada por el Tribunal de Apelaciones, encargado de interpretar la coherencia de las declaraciones realizadas antes y después de su encarcelamiento. El órgano judicial consideró que la información ofrecida por el solicitante no era consistente y que no existían pruebas que acreditaran la presencia de un activo de tal magnitud en el dispositivo eliminado.

El peso de las declaraciones iniciales

El tribunal recordó que, durante todo el proceso penal, Prime nunca comunicó la existencia de una cartera digital relevante ni alertó a las autoridades sobre la necesidad de preservar un soporte específico. La ausencia de cualquier mención al supuesto volumen de criptomonedas fue interpretada como un elemento determinante. Además, el inventario original, firmado por el propio afectado, solo recogía bienes tangibles y una referencia mínima a “bitcoins de escaso valor”.

El fallo señala que la administración no habría destruido ningún dispositivo si hubiera existido la mínima sospecha de que contenía un activo millonario. La decisión subraya, además, que el momento de la reclamación —años después de su excarcelación— perjudicó la verosimilitud del testimonio. Para los magistrados, la solicitud se produjo “demasiado tarde” para poder verificar la naturaleza del contenido eliminado.

El impacto económico: de los 10.000 a los 100.000 dólares por bitcoin

La controversia adquiere mayor dimensión debido a la evolución del bitcoin entre 2019 y 2025. Cuando Prime ingresó en prisión, la criptomoneda rondaba los 10.000 dólares. A comienzos de este mes, su cotización superó los 100.000 dólares, multiplicando por diez el valor potencial de cualquier cartera digital existente en aquella fecha.

Esta variación explica por qué un soporte que entonces podría haber sido considerado irrelevante se convertiría ahora en uno de los mayores patrimonios individuales asociados a un detenido en EEUU. La falta de constancia documental impide verificar si dicha cartera existió realmente o si la reclamación responde a una reinterpretación tardía de sus bienes.

Protocolos federales bajo escrutinio

El caso ha abierto un debate sobre la gestión de dispositivos electrónicos en procesos judiciales estadounidenses. Los soportes destruidos suelen ser aquellos considerados irrelevantes, dañados o no reclamados, pero la creciente incorporación de activos digitales obliga a revisar los criterios utilizados por las administraciones. El Departamento de Justicia mantiene disponibles sus directrices generales sobre evidencia digital a través de informes públicos accesibles en su portal institucional.

Especialistas en derecho tecnológico subrayan que la clave del caso no está únicamente en la custodia, sino en la ausencia de una comunicación clara por parte del interesado en 2019. Los tribunales estadounidenses dependen, en gran medida, de la exactitud de los inventarios iniciales para decidir la preservación o destrucción de objetos no esenciales.

Un fallo firme y un patrimonio imposible de recuperar

El Tribunal de Apelaciones zanjó la reclamación señalando que no existían motivos para creer que el disco duro contenía un volumen tan elevado de bitcoins. El fallo también consideró que la completa desaparición del dispositivo hacía imposible cualquier verificación posterior y que, por tanto, la administración actuó correctamente en función de la información disponible entonces.

Con esta resolución, la justicia estadounidense descarta definitivamente que el antiguo recluso pueda recuperar el supuesto patrimonio digital. El caso, sin embargo, se suma a una lista creciente de episodios que obligan a revisar los protocolos de gestión de activos electrónicos, especialmente en un contexto donde la tecnología y las criptomonedas han adquirido un peso determinante.

El debate permanece abierto y continúa generando análisis en sectores jurídicos y tecnológicos, que observan cómo la combinación de declaraciones iniciales, volatilidad económica y procedimientos administrativos puede derivar en la pérdida de cantidades millonarias. En el centro de esta discusión queda, de nuevo, la relación entre los reos, sus bienes digitales y el valor cambiante del bitcoin.