Hace veinticinco años, la firma del primer Convenio de Colaboración entre los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía y la Administración autonómica en materia de tributos cedidos marcó un antes y un después en la gestión pública andaluza. Aquel acuerdo representó mucho más que una fórmula técnica o administrativa: fue la expresión práctica de un principio esencial en toda democracia moderna, el de la cooperación institucional al servicio de los ciudadanos. La función de los registradores en el control de legalidad y publicidad del tráfico inmobiliario los convierte en colaboradores naturales de las administraciones tributarias. Su conocimiento jurídico y fiscal, unido a su presencia territorial en cada distrito hipotecario, ofrecía entonces —y sigue ofreciendo hoy— una red de...
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