Un día después de que toda la oposición tumbase los dos decretos-ley con «medidas urgentes» para la prevención y extinción de incendios forestales, la Junta insiste en denunciar el «criterio electoral» que, a su juicio, primó en todos los grupos de la oposición que coincidieron en su no a la convalidación de ambas normas. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo , alertó, tras el Consejo de Gobierno de ayer, de las consecuencias que la decisión de PSOE, Vox, UPL- Soria-¡Ya! y Grupo Mixto va a tener en la Comunidad al quedar derogadas las dos normas que, en teoría, ya estaban en vigor. De hecho, a través de una de ellas se había habilitado una partida de diez millones de euros para que las diputaciones adquiriesen material para la lucha contra el fuego. Pero en lo que más insistió el portavoz de la Junta, y responsable de las arcas autonómicas, fue en los efectos que el acuerdo de las Cortes puede tener para los propios profesionales del operativo contraincendios ya que, según detalló, son dos las consecuencias más claras que tienen que ver con aquellas cuestiones que precisan de una norma con rango de ley. Y aquí hay secuelas fundamentales que, según defendió, afectan a los bolsillos de los trabajadores. Es el caso de la creación de grupo B para estos empleados dedicados a la prevención y la extinción y de la creación formal de la figura del bombero forestal. Dos cuestiones que, advirtió Carriedo, se traducen en la aplicación de complementos específicos. «Se hubiera notado en el salario base, trienios, pagas extras y complementos de destino», sentenció. En cuanto a otra serie de asuntos que también quedaron derogados por las Cortes, el portavoz de la Junta señaló que, al ser normas menores, se podrá llevar a cabo otra tramitación administrativa que, no obstante, «supone más dilación en el tiempo para aprobarla» ya que, por ejemplo, si se hace mediante decreto es necesaria su exposición en Gobierno Abierto y una serie de informes, como el que emite el consultivo. En cualquier caso, Carriedo defendió que la Junta se mantiene firme en su compromiso para que «el operativo funcione todo el año, sea público y se refuercen los medios» destinados a apagar el fuego o a prevenirlo. «Es lo que intentaremos desarrollar, pero no aquello que exige norma con rango de ley, así que buscaremos la fórmula más adecuada», añadió, para volver a insistir en que «los decretos-ley facilitaban y agilizaban los trámites» , algo necesario, según sus palabras, cuando se trata de poner en marcha «medidas urgentes» que «ahora llevarán más tiempo». Otra de las consecuencias es que las plantillas que ahora son fijas-discontinuas «podrían haber sido fijas todo el año, pero de esta forma se tendrá que ejecutar a través de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que tiene una tramitación más larga». También la recogida de leña que podría haberse hecho desde hoy mismo con la norma rechazada « llevará un trámite más lento , algo que sabían los que ayer votaron en contra, que lo hicieron a sabiendas», se quejó. Por todo ello, instó a cada uno de los grupos de la oposición a asumir su responsabilidad y criticó que «no se vieron alternativas a nuestra propuesta». Sobre las críticas del propio sector forestal que no aceptaban los dos decretos-ley y se concentraron el miércoles a las puertas de las Cortes, Carriedo señaló que «yo no diría que es todo el sector» dado que «algunas de las entidades que hablaron también se encuentran dentro del marco electoral», dijo en referencia a los sindicatos. No obstante, recordó que han mantenido encuentros con estas organizaciones. «Otra cosa distinta son los acuerdos a los que se ha llegado, pero estamos por la labor de alcanzarlos», afirmó. En este sentido, anunció que la Junta trabaja ya en buscar «las fórmulas más adecuadas» para poner en marcha las medidas que incluían las dos normas tumbadas tras una actuación que se ha llevado a cabo en «un escenario de elecciones que «ha tenido más importancia en la decisión de la oposición, que el propio análisis de los decretos leyes», un razonamiento que extendió a la devolución a la Junta del proyecto de presupuestos de 2026 que la semana pasada acordó también el pleno del Parlamento autonómico.
