Defensoría de la Niñez acusa que proyecto de ley de migración discrimina a niños y niñas por su condición migratoria
La Defensoría de la Niñez expresó su profunda preocupación respecto al proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería. Según el organismo, esta iniciativa incorpora restricciones al acceso a beneficios financiados con recursos fiscales para niños, niñas y adolescentes migrantes, lo que constituye una vulneración de sus derechos.
A través del Oficio 1310/2025 y en el marco de su mandato legal, la institución emitió una serie de recomendaciones, insistiendo en que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en territorio nacional tienen los mismos derechos, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, criticó directamente el contenido del proyecto, alertando que la propuesta excluye a menores migrantes del acceso a derechos sociales por su condición migratoria. “El Estado debe fortalecer políticas públicas, no restringir derechos. La niñez migrante merece igualdad y dignidad. Debemos garantizar que ningún niño migrante quede en una situación de desprotección de sus derechos”, señaló.
La Defensoría fundamenta su postura en que el texto aprobado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara contiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por Chile. En particular, recordó que la Ley de Garantías, en su artículo 8, prohíbe cualquier forma de discriminación arbitraria por origen, situación migratoria o condición de refugiado, obligando al Estado a garantizar igualdad real y efectiva.
Para el organismo, las disposiciones que introducen criterios de priorización en áreas como salud y educación a favor de la población nacional contravienen abiertamente el principio de no discriminación. Esto, a su juicio, podría significar una regresión en derechos sociales ya reconocidos. “La respuesta del Estado debe orientarse a fortalecer políticas públicas inclusivas, no a establecer limitaciones que afecten a la niñez migrante”, enfatizó Quesille.
Esta no es la primera vez que la Defensoría se pronuncia sobre el tema, ya que anteriormente había realizado observaciones al proyecto originado en el Mensaje que modifica la Ley de Migración y Extranjería (Boletín 16.072-06). En esa oportunidad, subrayó que la falta de cobertura en servicios públicos no debe resolverse restringiendo derechos fundamentales, sino mediante políticas educativas y sanitarias que respondan a las transformaciones demográficas del país.
Finalmente, Quesille hizo un llamado al Congreso a legislar con un enfoque de derechos y reiteró que “ningún niño debe ser privado de sus derechos fundamentales por consideraciones exclusivamente asociadas a su estatus migratorio”. El primer informe de la comisión será presentado este miércoles 26 de noviembre ante la Sala, instancia que definirá si la iniciativa avanza a su segundo trámite constitucional.