¿Multa abusiva o pilar del sistema? Avanza proyecto que suprime sanciones por transitar sin TAG
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta semana el proyecto que busca eliminar las multas por circular sin dispositivo de telepeaje o TAG en las autopistas concesionadas, impulsado por el diputado Jaime Mulet (FRVS).
La iniciativa obtuvo en general 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones, y actualmente se encuentra en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde se discutirán posibles modificaciones antes de regresar a la Sala para una nueva votación.
En ese escenario, Mulet defendió la propuesta señalando que las sanciones actuales, equivalentes a 1 UTM (69 mil 542 pesos) por cada día de infracción, son “abusivas e impagables” para muchos usuarios. Según explicó, la moción no elimina el pago de peajes ni el sistema de concesiones, sino únicamente la multa asociada a la falta de TAG.
Como alternativa, planteó que las deudas se cobren mediante mecanismos como impedir la renovación del permiso de circulación. El parlamentario profundizó en su argumento insistiendo en que existen vías suficientes para asegurar el pago sin recurrir a cobros excesivos.
Diputado y excandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Foto: Aton.
“Mantener la efectividad en el cobro es muy simple, basta mantener aquella norma que establece que si se tienen deudas de TAG no se puede renovar el permiso de circulación (…) Lo que yo busco evitar es una multa abusiva, desproporcionada. Aquí por 250 pesos de un portal que no pagaste te pueden cobrar 70 mil pesos cada día y eso es desproporcionado”, explicó.
Asimismo, Mulet acusó que el actual régimen sancionatorio termina perjudicando la percepción pública sobre el sistema de concesiones. “Esta situación abusiva desprestigia a las concesiones (…) Lo que yo defiendo es una economía de mercado con concesiones, pero decente, no con este nivel de opacidad. Estas situaciones abusivas benefician a un grupo de empresas con una protección adicional que ni siquiera tiene el Estado”, dijo.
Agregó que eliminar la multa no afectaría el modelo de asociación público-privada, sino que corregiría una distorsión que, a su juicio, afecta la legitimidad del sistema: “La dificultad está acá, en una situación abusiva que se opone a toda racionalidad y proporcionalidad (…) Por eso tiene que eliminarse la multa y dejar un sistema razonable de cobro, no algo impagable que desprestigia al Estado y a las concesiones”.
En el debate público, algunos expertos en transporte calificaron la propuesta como populista, mientras que editoriales como la de El Mercurio lo describieron como “populismo vial”, advirtiendo que convertiría el pago en un acto voluntario y pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema.
A propósito de lo anterior, la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública de Chile (COPSA) y exministra de Transportes, Gloria Hutt, apuntó a los efectos prácticos para la operación de las autopistas y el sistema de cobro.
Operativo de fiscalización vehicular de Carabineros. Foto: Aton.
“Esto afecta gravemente las condiciones con las cuales se han desarrollado los proyectos de asociación público-privada (…) La estabilidad de las reglas del juego ha sido un principio básico que se ha respetado por muchos años y ha permitido proveer infraestructura pública de alto estándar y ha puesto a Chile como un referente en este tema”, argumentó.
La presidenta de la COPSA sostuvo que las próximas etapas legislativas deberían servir para corregir el rumbo del proyecto. “Esperamos que volver a la comisión, a la sala, hacer indicaciones y luego pasar al Senado sean oportunidades para dejar muy claros los argumentos por los cuales esta moción deteriora no solo los proyectos actuales, sino el potencial de proyectos futuros”, afirmó.
La exministra también apuntó a efectos prácticos para la operación de las autopistas y el sistema de cobro: “La eventual eliminación del artículo 114 (…) tiene consecuencias estructurales. Afecta la sostenibilidad del sistema de asociación público-privada (…) y podría revertir la transición al flujo libre en algunas autopistas, obligándolas a volver a peajes manuales”.
Por ahora, el proyecto continuará su tramitación en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.