El Palacio de la Magdalena, último choque por la Ley de Memoria Democrática
El proceso para reconocer el conjunto de la Península del Palacio de la Magdalena como Lugar de Memoria Democrática fue impulsado por la anterior delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, con apoyo de Pedro Casares, secretario general del PSOE cántabro –y también por la asociación memorialista Héroes de la República–, mientras que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática abrió en noviembre un plazo de exposición pública para que se presentaran alegaciones respecto al «antiguo campo de concentración del régimen franquista que funcionó como tal desde agosto de 1937 hasta noviembre de 1939».
La resolución recoge que el campo de concentración se instaló en las caballerizas y llegó a albergar más de 1.600 prisioneros, aunque su capacidad máxima era de 600.
La declaración se publicó en el BOE el pasado 31 de octubre, Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, establecido por el artículo 7 de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
"No aporta a la convivencia"
La primera en reaccionar fue la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que consideró que inaugurar el primer enclave de este tipo en la comunidad cántabra en su complejo más emblemático «solo sirve para dividir a la sociedad» y «no aporta nada a la convivencia, ni al progreso de la ciudad ni al respeto institucional».
En sus alegaciones, el ayuntamiento argumenta que los hechos ocurrieron en las caballerizas y no en el Palacio de la Magdalena, que está «en un lugar distante y distinto», y recuerda que la Ley de Memoria Democrática exige «una delimitación que se corresponda con los hechos concretos documentados», según ha informado en un comunicado.
También destaca el valor del palacio como sede de eventos sociales, corporativos y como espacio universitario y cultural, y argumenta que la declaración supondría vincularlo «a valores erróneos como la persecución ideológica o la represión», que considera contrarios a su imagen actual.
Una argumentación que recuerda a la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, respecto a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad que el Gobierno pretende convertir también en Lugar de Memoria Democrática.
Las alegaciones del PP inciden en la protección del Palacio de la Magdalena como Bien de Interés Cultural (BIC) y apuntan a que cualquier nueva declaración puede alterar el régimen jurídico derivado de esa condición.
La alcaldesa lamenta que el Gobierno pretenda, a su juicio, «dedicar recursos de todos los españoles a manchar y ensombrecer una historia de 117 años de un lugar emblemático para los santanderinos por un episodio puntual que duró dos años».
En esta línea, el PP de Cantabria ha pedido a la cartera de Ángel Víctor Torres que no siga con el procedimiento, como propone el PSOE de la región, en defensa de «la concordia». Así lo ha trasladado en nota de prensa el diputado regional del PP y senador autonómico Íñigo Fernández, quien defenderá en el Pleno del Parlamento autonómico de este lunes una iniciativa para rechazar la propuesta de los socialistas que, a su juicio, «solo busca dividir, enfrentar y reabrir heridas».
"Enfrentar a los españoles"
En su opinión, «es lamentable el permanente recurso que hace el PSOE de utilizar la Guerra Civil para enfrentar a los españoles, dividirlos y para reabrir heridas como única estrategia para intentar tapar los numerosos casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez, a su familia y a su Gobierno».
Así, criticó que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que «sigue sin dar explicaciones de su implicación en la trama corrupta de la compra de mascarillas», pretenda ahora convertir La Magdalena en Lugar de Memoria.
Fernández destacó que este espacio ha sido durante 20 años la sede de los veraneos de la Casa Real y durante 75 la sede de los cursos de verano de la UIMP que puso en marcha Miguel de Unamuno en 1931.
A su juicio, el Palacio de La Magdalena «no se debe definir por su papel en la Guerra Civil», algo que al PP le resulta «absolutamente descabellado» y, sobre todo, «un insulto a la memoria de los cántabros y una estrategia burda que demuestra que la Ley de Memoria de los socialistas solo pretende ensalzar a unas víctimas y humillar a otras, como es el hecho de que no se haga lo mismo con el muelle en el que fondeó el barco-prisión “Alfonso Pérez”».
El barco-prisión "Alfonso Pérez"
Este episodio hace referencia a que el 27 de diciembre de 1936 fueron asesinadas 156 personas (como represalia por un bombardeo de la aviación nacional) en ese barco-prisión y en La Magdalena siete, por lo que promover la declaración de La Magdalena y no hacer lo mismo con el lugar donde fondeó el «Alfonso Pérez» es, según el popular, «tomar partido por tratar de reescribir la historia, ensalzar a unas víctimas y avasallar y humillar a otras».
Para el diputado, el PSOE que lidera Pedro Casares «insiste en promover el sectarismo, el enfrentamiento y la polarización de la sociedad que marcaron los años de su antecesor», Pablo Zuloaga.