Ataque en el Instituto Nacional: diputados discrepan sobre las causas y soluciones del quiebre en la convivencia escolar

El ataque perpetrado por encapuchados con material incendiario en el Instituto Nacional provocó la suspensión de clases, un detenido y fuertes reacciones desde el Gobierno y la Municipalidad de Santiago, además de un intenso debate parlamentario. Mientras el alcalde Mario Desbordes sostuvo que “es bien probable que sean adultos” los responsables, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que estos hechos “dejan de ser violencia escolar; es pura delincuencia”. En el Congreso, integrantes de la Comisión de Educación coincidieron en que se trata de un hecho inaceptable, aunque difirieron sobre el origen del fenómeno y las medidas necesarias para enfrentarlo.

La mañana del viernes, alrededor de las 9:10 horas, un grupo de encapuchados irrumpió en el Instituto Nacional portando material incendiario.

El establecimiento detalló lo ocurrido en un comunicado difundido en sus redes sociales, señalando que “tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesoras, a quienes además se les arrojó bencina”.

Carabineros confirmó que los hechos en el exterior se registraron en la intersección de Arturo Prat con Alameda, donde cerca de 30 encapuchados lanzaron bombas molotov contra personal policial. Durante el operativo se detuvo a un adolescente de 16 años por lanzamiento de artefacto incendiario.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó el hecho como “gravísimo” y apuntó a la participación de terceros ajenos al establecimiento.

En conversación con Emol, la autoridad comunal afirmó que: “En la acción de la semana pasada no nos cabe duda de que intervinieron personas externas y por las características físicas y los videos que tenemos, es bien probable que sean adultos, no niños, los que participaron de la agresión a los profesores”.

El jefe comunal aseguró que el municipio seguirá aplicando todas las herramientas disponibles, incluidas sanciones administrativas y denuncias penales, y respaldó el trabajo de Carabineros en los alrededores de los liceos.

A su vez, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, criticó que este tipo de ataques se siga asociando a dinámicas escolares. En Radio Cooperativa, el secretario de Estado sostuvo que “los conflictos de uso de la violencia dentro de los establecimientos educacionales, especialmente ocupando bombas incendiarias o atentando en contra del personal docente, ya deja de ser un asunto de violencia escolar; esos son esencialmente delitos, es pura delincuencia”.

Cordero agregó que es inadmisible normalizar la presencia permanente de contingentes policiales en los liceos. “No puede ser que pensemos que es regular que tenga que existir una unidad de Control de Orden Público de Carabineros cerca o al lado de cada establecimiento emblemático… Eso es sencillamente inadmisible”, advirtió.

“Es un hecho inaceptable que daña a la educación pública”

Desde el Congreso, la integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Daniela Serrano (PC), condenó categóricamente el ataque. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, sostuvo que lo sucedido en el Instituto Nacional es un hecho “totalmente inaceptable, y lo decimos sin matices“.

“Este hecho, así como otros que han involucrado agresiones y violencia contra trabajadores y trabajadoras de la educación, no responde en ningún momento a una reivindicación política ni menos a demandas legítimas del movimiento estudiantil. Esto claramente daña las confianzas, daña las comunidades y, sobre todo, daña la educación pública”, puntualizó Serrano.

La parlamentaria detalló que la violencia educativa “nunca responde solo a un factor, sino a hechos estructurales y sistemáticos que es importante ir desmenuzando dentro del debate“.

“En el último tiempo —sobre todo en los últimos años—, se ha instalado la idea de que la convivencia educativa debe abordarse únicamente desde un punto de vista: punitivista. Al menos, ese foco se ha puesto también en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, la pregunta es: ¿Basta solo con una ley como Aula Segura cuando ya es aplicada, incluso por sostenedores del municipio de Santiago, por ejemplo, o por sostenedores del municipio de Providencia, y vemos que sus resultados son bastante similares a cuando no se aplicaba?”, cuestionó.

“¿Son efectivas estas leyes que muchas veces no se hacen cargo del problema, sino solamente de la sanción? Yo creo que es insuficiente. Aquí hay planes integrales a los que no se les ha dado un abordaje exhaustivo desde el Congreso Nacional, donde debemos diseñar estrategias de acompañamiento a adolescentes y también a trabajadores y trabajadoras de la educación“, complementó.

En tanto, Serrano enfatizó en la importancia de ver la arista investigativa: “Cuando el año pasado ocurrieron los hechos del INBA, se exigió un fiscal especializado porque eran distintos ataques que, dada su magnitud, daban la apariencia de ser coordinados. Por eso también se pidió un fiscal para investigarlos. Creo que hay que fortalecer esa arista investigativa, porque es necesario despejar si el problema está solo dentro de las aulas o si incluso viene influenciado desde afuera para intervenir en estos establecimientos educacionales”.

El diputado de Renovación Nacional e integrante de la misma comisión, Hugo Rey, también lamentó los hechos, aunque con una lectura distinta sobre su origen. “Son hechos gravísimos, que rayan en lo delictual, y uno espera que se apliquen todas las medidas más fuertes en respuesta a los responsables”, señaló a nuestro medio. 

Rey aseguró que “se relativizó la violencia durante mucho tiempo” y que no se aplicaron sanciones a fondo en episodios previos: “Prácticamente no iba a ocurrir nada, entonces claro, eso fomentaba estos hechos porque sabían que quedarían en impunidad”.

El parlamentario defendió el uso de herramientas punitivas y reconoció mejoras recientes en la comuna: “Hoy día el alcalde está aplicando toda la mano dura. Hoy día sí importa si alguien comete un hecho delictivo dentro de los establecimientos”.

Consultado qué camino a seguir para erradicar este tipo de violencia, Rey insistió en que no existe demanda que justifique actos violentos y llamó a reforzar el apoyo estatal a los liceos emblemáticos: “Hay que mejorar la educación, respaldar a estos colegios para que recuperen matrículas e interés de los jóvenes”.

Sobre la gestión del Ministerio de Educación, afirmó que el Gobierno ha mostrado “debilidades en no llamar las cosas por su nombre” y que en algunos momentos estuvo “paralizado” ante la violencia.

Por su lado, la diputada Emilia Schneider, quien también integra la misma instancia parlamentaria, condenó la “gravísima agresión que vivieron tres profesoras en el Instituto Nacional”. “Esto hay que decirlo con todas sus letras: es inaceptable e intolerable, porque la educación pública debe ser un espacio de respeto para todas y todos sus integrantes“, aseveró.

Schneider acusó que la Municipalidad de Santiago “no ha sido un actor que busque el diálogo y el encuentro en las comunidades educativas”. En esa línea, indicó que las declaraciones del alcalde Desbordes “dividen”.

Asimismo, la frenteamplista reafirmó su compromiso de trabajar para garantizar un buen trato al interior de las comunidades educativas y llamó al Senado a “sacar de una vez por todas la ley que presentó el gobierno para la buena convivencia”, que busca “prevenir los hechos de violencia y para que las establecimientos educacionales tengan más herramientas para este trabajo”.