Al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) se le acumula el trabajo con los presidentes de las ligas profesionales de fútbol. Si hace menos de quince días abría expediente a Javier Tebas , responsable de la LFP, por desvelar información confidencial del Barcelona a raíz del caso de los palcos VIP del Camp Nou, ahora tendrá que estudiar también si sigue el mismo camino con Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) les haya elevado las denuncias recibidas contra ella por Rubén Alcaine, su vicepresidente hasta el pasado mes de junio, según ha adelantado 'El Confidencial' y ha podido confirmar este periódico. Alcaine denunció a su superiora ese mes tras la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria cuyo único punto del orden del día era la votación de una moción de censura contra su persona. En concreto, la acusa de presunta extralimitación de sus funciones, ocultación de información y posible fraude de ley y presunta extralimitación de sus funciones, ocultación de información y posible fraude de ley y procedimental, cuatro infracciones consideradas muy graves que supondrían una inhabilitación conjunta de ocho años para la dirigente asturiana y para su director general, Pablo Vilches, también incluido en la denuncia. En el escrito que presentó ante el CSD, Alcaine califica la convocatoria de esa Asamblea como «irregular», al ser promovida directamente por Álvarez sin pasar por la Comisión Delegada, tal como especifican los estatutos de la Liga femenina. Según Alcaine, Álvarez se «extralimitó en sus funciones y violó el régimen electoral específico», establecido en el artículo 36. «Saltarse este procedimiento convierte la acción en nula de pleno derecho y acarrea responsabilidades disciplinarias». Además, la denuncia alerta sobre un posible fraude de ley, ya que se habrían contabilizado como válidos para la convocatoria los apoyos de dos clubes, Valencia y Real Betis, que ya habían perdido su condición de asociados tras descender deportivamente. Esos clubes también participaron en la votación de la moción contra Alcaine, que salió adelante con 11 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Alcaine incluyó en su denuncia una serie de actuaciones sistemáticas que habrían «vulnerado gravemente los principios de transparencia, legalidad y control institucional dentro de la LPFF». Así, denuncia que desde enero de 2024 se le restringió de forma irregular el acceso a documentación contable, grabaciones de las sesiones colegiadas y funciones estatutarias propias de su cargo. «A pesar de requerimientos formales mediante burofax, ni la presidencia ni la dirección general han facilitado la información requerida, impidiendo el legítimo ejercicio de mis funciones», reveló. Tras recibir la denuncia, Rodríguez Uribes analizó el contenido y decidió trasladarla al considerar que hay aspectos que deben ser valorados por el Tribunal Administrativo del Deporte. Al igual que ocurrió en el expediente a Javier Tebas, se estima que el TAD decidirá en un plazo aproximado de un mes si si incoa o no expediente sancionador a Beatriz Álvarez.
