Castilla y León, referente en prevención de riesgos laborales

La prevención de los riesgos laborales es una de las prioridades de las administraciones y empresas para garantizar la seguridad de sus personas trabajadoras. Para ello se desarrollan numerosas iniciativas para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de los personas trabajadores. Una de las Comunidades que se están volcando con estas iniciativas es Castilla y León, que se ha convertido en un referente nacional en la prevención de los riesgos laborales. Son numerosas las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno regional.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, está implicada en la mejora de las condiciones laborales y en la reducción de la siniestralidad laboral, promoviendo el perfeccionamiento de los niveles de protección de las personas trabajadoras a través de diversos programas, en una apuesta decidida por la mejora de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores considerando que seguridad y productividad son un binomio inseparable.

Para ello ha destinado más de 49 millones de euros. Esta inversión se ha repartido en dos acciones fundamentales; directamente mediante convocatoria a las empresas; y a través de la colaboración con las entidades locales.

En las subvenciones dirigidas a empresas hay cuatro líneas de actuación; la denominada de «Equipos», que consiste en la adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo. La cuantía de la subvención es del 85 por ciento del coste del equipo, hasta los 30.000 euros.

El Ejecutivo regional ha destinado esta legislatura casi ocho millones de euros y se han beneficiado un total de 516 empresas. Con esta línea, los principales riesgos asociados al uso de los equipos de trabajo que se pretenden evitar son los derivados, por ejemplo, por atrapamientos, cortes, riesgos de tipo eléctrico, ruidos, vibraciones o radiaciones o incluso riesgos químicos o biológicos producidos que se pudieran producir por la exposición a sustancias peligrosas durante en el puesto de trabajo entre otros.

La segunda línea de subvención, bajo la denominación «Lugares» trata de financiar inversiones en los centros de trabajo actuando en las condiciones constructivas de estos lugares, como pueden ser suelos, desniveles, barandillas o iluminación. La cuantía es la misma de la primera línea; y el Gobierno regional ha destinado en estos cuatro años más de 5,6 millones de euros que han beneficiado a un total de 278 compañías.

La tercera línea denominada «Bienestar», cuyo objetivo es mejorar la salud laboral de los trabajadores fomentando la disponibilidad de espacios cardio seguros e impulsando estilos de vida saludables, y prevé acciones para la creación de espacios cardio seguros financiando la adquisición e instalación de equipos para la reanimación cardiopulmonar, la formación necesario para el uso de estos equipos y además la conservación y mantenimiento de los equipos para garantizar que se encuentra en perfecto estado de uso.

Además en esta línea se prevén servicios de fisioterapia, psicología, nutrición o dietética, así como actividad deportiva o terapia ocupacional. Con esta línea la Junta ha favorecido a 276 centros de trabajo.

Retirada de amianto

La última actuación es la destinada a la retirada de «Amianto», cuyo objetivo es incentivar la retirada de este material y su sustitución en los centros de trabajo. En lo que va de legislatura se ha destinado 11 millones que han mejorado las condiciones laborales de 592 empresas de Castilla y León.

Otra línea de acción de la Junta ha sido la realizada a través de la colaboración con las entidades locales Diputaciones Provinciales y Consejo Comarcal del Bierzo, por ser instituciones cuya cercanía con el mundo rural es prioritario para el Gobierno regional habiendo destinado unas ayudas que superan los 16,1 millones de euros.

En esta materia las principales líneas de actuación han sido la destinada a financiar la realización de actividades de mejora en las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo de los municipios menores de 2.000 habitantes denominada Seguridad Rural que financia entre otros la adquisición o adaptación de maquinaria propia, acondicionamiento de naves de producción agropecuario mejora de las instalaciones; la línea destinada para la realización de medidas que protejan la salud y seguridad laboral de los empleados contratados por las Diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo se ha desarrollado dentro programa Montel Seguro que busca mejorar la seguridad laboral mediante la modernización de vehículos, maquinaria, equipos y espacios de trabajo de los operarios contratados para realizar las labores de limpieza, desbroce o acondicionamiento de espacios naturales; y la línea destinada a financiar la dotación de desfibriladores externos semiautomáticos en los municipios menores de 2.000 habitantes.

Esta medida tiene el objetivo de mejorar la respuesta en caso de un accidente cardiovascular o cerebrovascular en el ámbito laboral, y va a permitir que toda la población del municipio se beneficie de este equipamiento.

En este final de año, apostando por esta línea de ayudas a través de las instituciones locales, la Junta de Castilla y León ha aprobado la continuidad de las líneas de Montel Seguro y Seguridad Rural así como una nueva línea destinada a la elaboración de Censos de Amianto destinada esta última a la elaboración del censo de amianto en municipios de menos de 5.000 habitantes apoyando a los pequeños municipios en el cumplimiento de la normativa vigente, así como reducir el riesgo de exposición a estos elementos en el territorio de la Comunidad. Estas líneas recién aprobadas han supuesto una inversión a mayores de más de 7,4 millones de euros.

Centro de Seguridad y Salud Laboral

Además, otro de los pilares de actuación, en materia de prevención es el Centro de Seguridad y Salud Laboral, que se puso en marcha hace 20 años, y que tiene sede en León. La infraestructura, que depende de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que dirige Leticia García, tiene como función fundamental la promoción de la prevención de riegos laborales, que realiza en colaboración con las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de las Oficinas Territoriales de Trabajo a través de jornadas o cursos de formación.

Entre las actividades que desarrolla el Centro, en esa labor de divulgación de la cultura preventiva y fundamentalmente dirigida a la población escolar, destacan el aula de prevención y el concurso escolar. El Aula de Prevención, proyecto enmarcado dentro de la «Escuela de Prevención», es un lugar pensado para que los escolares de todos los niveles educativos se inicien en el camino de la prevención de los riesgos. Durante el presente año, el Aula de Prevención ha recibido 53 visitas, con un total de 1269 alumnos y 128 profesores.

Por otra parte, el objeto del concurso escolar es el fomento de la cultura de la prevención de riesgos laborales en el alumnado de centros educativos no universitarios: Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, cursos de especialización y enseñanzas dirigidas a alumnos de Educación Especial.

Otra labor importante de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo es la realización de campañas de publicidad dirigidas a la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores y al fomento de una cultura preventiva habiéndose realizado en este ejercicio un total de tres campañas: la «Campaña de Seguridad y salud laboral», «Campaña de Seguridad y salud laboral: trabajos saludables», y la «Campaña de Conciliación y mejora de la productividad en las empresas de Castilla y León».

Por último, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo trabaja en el desarrollo de un sello de movilidad segura y sostenible como un medio de promoción de la seguridad laboral con el fin de reducir la siniestrabilidad laboral debido a accidentes de tráfico.

Acuerdo social para garantizar la seguridad

El Diálogo Social es una seña de identidad de Castilla y León. Y en materia de prevención de riesgos laborales, también, como lo demuestra el VII Acuerdo para el periodo 2025-2028 suscrito por la Junta con la patronal y los sindicatos. Mientras la Administración regional garantizará el cumplimiento de la norma y facilitará los recursos; los agentes económicos y sociales desempeñarán un papel crucial al aportar su conocimiento práctico.