El acoso escolar es un problema latente en las aulas, pero también son muy contundentes y efectivas las medidas que adopta la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para erradicarlo en los colegios e institutos de Córdoba y el resto de la región, en materia de prevención, y sobre todo para solucionar los casos que se presentan, en el caso de que la conducta acosadora se haya producido. Los últimos datos del Gobierno andaluz reflejan que se abren de media entre 2.000 y 3.000 expedientes de acoso en escolar por curso en Andalucía. De ellos, apenas un 10 por ciento se producen en la provincia de Córdoba. En nuestro territorio la media es que se abran entre 250 y 300 casos de acoso en las aulas de los colegios e institutos, según las cifras de las que dispone la delegación de la consejería en materia educativa de la Junta. El protocolo de prevención del acoso escolar, como el de prevención de las conductas suicidas en los colegios e institutos, es una sucesión de trámites de doce puntos perfectamente tasados en la normativa, en los que se van tomado medidas y soluciones desde el primer momento. Está regulado en la Orden de 20 de junio de 2011 . Por eso, las cifras oficiales en la provincia de Córdoba, a las que ha tenido acceso ABC, reflejan que apenas entre el 8 y el 10 por ciento de los protocolos de acoso escolar llegan al final de su tramitación con la conclusión de que se ha producido una situación de acoso en las aulas y la adopción de medidas individuales para la víctima y el acosador. Por el contrario, entre el 90 y el 92 por ciento de las mismas se cierran antes de llegar al final de todo el protocolo porque consiguen reconducirse las situaciones con las decisiones durante su tramitación y se encuentran las soluciones efectivas al problema que reconducen la situación. La conclusión inicial es que los protocolos de la administración andaluza en materia de acoso escolar actualmente no son simple papel mojado, sino que se aplican en cuanto se conoce una situación susceptible de acoso y sobre todo que las acciones que se toman están dando resultados de forma mayoritaria cuando se abren. La directora del Instituto de Educación Secundaria (IES) Pay Arias , Laura Meseguer, lleva ocho años al frente de este centro educativo en Espejo, a unos 45 kilómetros de Córdoba, y explica cómo se arma un protocolo ante un supuesto de acoso. Su centro ha sido premiado por el fomento de los valores de paz y convivencia. Meseguer explica con detalle que el primer punto es conocer la posible situación de acoso, es decir, 'la comunicación de la situación'. Para abrir el protocolo lo primero, lógicamente, es que «alguien se percate y nos informe de la posible situación de acoso», ya sea el alumno afectado, sus compañeros, un docente, un familiar. En definitiva, que cualquier persona que tenga conocimiento del hecho lo traslade «a la dirección». A partir ahí, se abre el protocolo. Precisamente, el paso dos es la comunicación de la apertura del expediente «a la inspección», detalla la directora. En este momento, se crea «el equipo que va a acompañar a los menores implicados», que suele estar formado por el tutor, el equipo directivo y el orientador. De inmediato, lo fundamental es «tomar medidas de urgencia», explica Meseguer como tercer paso del protocolo . Se trata de medidas de protección al supuesto acosado «para apoyarlo, acompañarlo y hacerle que se sienta seguro». También medidas cautelares «para el supuesto acosador». En cuarto lugar, se «da traslado a las familias» de los menores implicados de la situación. Se hace siempre «con cautela y confidencialidad», recuerda la directora del Pay Arias. Generalmente, lo traslada el orientador del centro, que comunica también las medidas urgentes iniciales para reconducir la situación. Igualmente, se produce luego el 'traslado de la información al equipo docente'. En este punto, Meseguer detalla que se «reúne un claustro extraordinario para ponerlo en conocimiento del resto de los docentes». El objetivo es que todos esos ojos se puedan poner al servicio para observar si se producen esas conductas nocivas «en el aula, el recreo, las extraescolares, los talleres o una salida al baño». Tras ese análisis, llega el punto sexto para la 'recogida de la información completa del caso', no ya sólo de la comunicación inicial que abrió el protocolo. Aquí la misión se funde con la necesidad de «garantizar la protección y la intimidad». El equipo directivo reúne ya toda la información del caso y el director realiza un informe del supuesto acoso. El punto séptimo es un momento clave. Se deciden de las 'medidas correctoras y disciplinarias' que deben tomarse con el informe disciplinario. Las medidas están reguladas en el decreto 327/2010 y 328/2010 . Una vez adoptadas, se da traslado a la « comisión de convivencia » en octavo lugar, apunta Meseguer. Es el órgano de Educación que se encarga de velar por que las medidas consigan la finalidad de corregir la situación. Igualmente, el noveno punto es la comunicación de las misma a la Inspección, que puede también tomar decisiones. El paso décimo es clave, con el seguimiento de las medidas individuales para la supuesto acosado y el supuesto acosador . Además, se extiende también a los alumnos pasivos, son «aquellos 'testigos', a los que se da pautas de habilidades sociales para comunicarse cara a cara» con aquellos. También se da trámite para lo que pueden aportar las familias. «Aquí la figura del orientador es clave una vez más», apunta la directora, puesto que es vital «aplicar la educación emocional, la empatía, la mediación, el respeto o la tolerancia». En el paso 11 se comunica a las familias las medidas aplicadas y las preventivas y «se les orienta sobre cómo fomentar la convivencia y orientar a los niños». Finalmente, el último punto del protocolo es el seguimiento que debe realizar la Inspección . Presentación López es asesora del Gabinete de Convivencia e Igualdad del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Este órgano es vital para poner en práctica las medidas preventivas y correctoras «cuando el centro solicita su asesoramiento», explica López a ABC, ante un caso de acoso escolar. Generalmente, los centros suelen pedir este auxilio por su experiencia más amplia para actuar ante estos casos. Este órgano interviene, por tanto, en asesorar en los puntos del protocolo que aplica medidas a los menores implicados en el caso. Hace un informe con orientaciones adaptadas a las características de cada situación. Las medidas que pueden llevar a cabo se aplican «a nivel de centro, a nivel de aula y a nivel individual con el alumnado que es presuntamente víctima y con el alumnado que es presuntamente agresor», así como de las familias de ambos, explica Presentación López . En este caso, las orientaciones para actuar «se explican en una reunión presencial en el centro a las personas que están haciendo el seguimiento del protocolo». Habitualmente suelen estar presentes «miembros del equipo directivo, el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona encargada de la orientación y el o la coordinadora de bienestar y protección del menor». Las más relevantes son las medidas individuales para el acosado . López describe que «lo primero y más importante es transmitirle apoyo y seguridad», así como «canales de comunicación con el profesorado». Además, a los docentes se le requiere que «observe su estado de ánimo y sus relaciones con los demás». Pero es vital «la actuación del orientador», para trabajar «la autoestima, la gestión emocional del miedo, la vergüenza o el estrés». Igualmente, hay «acompañamiento psicológico externo si la familia lo solicita» y desarrollar su habilidad comunicativa «para pedir ayuda». Sobre las medidas con el supuesto acosador , López añade que «se deben establecer consecuencias claras y proporcionales a su comportamiento». Las medidas, explica, siempre deben ser «restaurativas y la reflexión de cómo se sentirían ellos en esa situación», es decir, la empatía. De esta forma, se adoptan «medidas disciplinarias», las del Plan de Convivencia de cada centro. También «medidas disciplinarias» tendentes al fin mayor de la restauración del daño. La directora del Pay Arias, Laura Meseguer , asegura que la centralización del seguimiento del protocolo en la aplicación «Séneca» ha hecho que «sea más operativo y seguro». En los ocho años al frente de este centro educativo en Espejo su experiencia es que se consiguen resultados cuando se abre un protocolo de acoso escolar: « Da muy buenos resultados ». Meseguer constata que es fundamental su aplicación «de forma inmediata y obligatoria» en cuanto se tiene conocimiento de una conducta susceptible de acoso y que hay que desterrar el «esto es cosa de niños».
