La Plataforma contra el Biogás en La Sagra ha solicitado una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha , Emiliano García-Page, y con el alcalde de Villaluenga de la Sagra, Carlos Casarrubios, para abordar la construcción de la planta de biogás proyectada en el término municipal de esta localidad toledana. La petición llega tras una nueva manifestación celebrada este domingo en Villaluenga, en la que el colectivo volvió a mostrar públicamente su rechazo a este tipo de instalaciones. En el marco de la protesta, la plataforma hizo público un comunicado dirigido al presidente regional en el que le traslada que «su plan de biometanización no es bienvenido ni aceptado por Castilla-La Mancha , como puede comprobar a lo largo y ancho de todas las provincias». En ese mismo mensaje advierten al presidente del Ejecutivo castellanomanchego que «si no busca alternativas a más de 10 kilómetros de las poblaciones o no potencia, por ejemplo, la fotovoltaica en los hogares, su candidatura se verá comprometida ». La manifestación contó con la presencia de los alcaldes de Cobeja, Pantoja y Yuncler . Por este motivo, desde la Plataforma insisten en que el rechazo a estas plantas trasciende las siglas políticas. «Entre nuestra filas hay miembros de todos los partidos políticos unidos por la misma causa», recuerdan. Parte del comunicado se dirige directamente al alcalde de Villaluenga de la Sagra, Carlos Casarrubios, a quien reprochan que «no está bien vender a su pueblo y a las localidades vecinas como Cobeja, Pantoja y Yuncler por un puñado de monedas«. «Dicen en los folletos que han buzoneado por la comarca se preguntan por qué en Villaluenga y se responden por los impuestos que dejarán», asegura la Plataforma, que pide a Casarrubios que «dimita o, mejor aún, dé marcha atrás; nosotros le ayudamos« . «A partir de ahora La Sagra se respeta. La opinión pública estaba dormida, pero ha despertado y hará valer sus derechos», afirman. Ante estas acusaciones y otras realizadas en días anteriores, el alcalde de Villaluenga ha reiterado a ABC que en ningún momento se ocultó información previa sobre la construcción de la planta . Según explica, corresponde a la administración regional realizar todos los trámites necesarios y, una vez completados y aprobados, la instalación «tiene licencia en firme porque el Ayuntamiento no se puede negar a su concesión», ya que cumple con los requisitos legales exigidos. Asimismo, asegura que las alegaciones presentadas por vecinos tanto en su ayuntamiento como en otros organismos no son válidas. En este sentido, precisa que el plazo de alegaciones, conforme a la normativa vigente, se refiere solamente «a la versión oficial del plan de mayo de 2025 y al estudio ambiental estratégico de junio de 2025». El movimiento de oposición responde también a las manifestaciones realizadas a ABC por la empresa promotora, Verdalia Goldman Sachs, que sostiene que el proyecto cumple con la normativa vigente y con el plan regional de biometanización. Frente a ello, la Plataforma insiste en que la instalación «está a una distancia menor de 1.500 metros de Cobeja ». Asimismo, cuestionan que se trate de la primera planta hermética en España, señalando que «según otras fuentes, la primera fue la existente en la localidad zaragozana de La Almunia de doña Godina, en Zaragoza». Además creen que la empresa promotora falta a la verdad cuando indican que las plantas ni explotan ni se incendian. «Tenemos el caso de la planta de Oxford tras el impacto de un rayo. Y si el gas no se incendia, para qué sirve. Por tanto, no nos creemos sus palabras», aseguran. Por otro lado, la Plataforma destaca que el pasado jueves el Ayuntamiento de la localidad toledana de La Villa de Don Fadrique, presidido por Jaime Santos Simón, aprobó en Pleno no apoyar ni impulsar ninguna actuación para la instalación de plantas de biogás en su término municipal, así como solicitar la paralización del Plan de Biometanización. Finalmente, el colectivo reclama la paralización del Plan Regional de Biometanización hasta que exista un consenso científico, social y territorial; la suspensión de los expedientes que actualmente se encuentran en tramitación hasta que se apruebe la nueva Ley de Calidad Ambiental; y la elaboración de estudios independientes, serios y rigurosos sobre los riesgos para la salud que pueden suponer este tipo de instalaciones. Por último, en su comunicado el colectivo incluye además una reflexión crítica sobre el contexto europeo. «Qué decir de la Europa que queríamos y en la que creíamos, que descanse en paz. Ojalá haya una Europa que beneficie al pueblo y obligue a los políticos a velar por él y a beneficiarle», sentencian.
