Punto y final a una situación inédita. Un Gobierno empeñado en torcer el brazo de la Iglesia con las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia clerical cuyos casos están prescritos para la justicia, entre otras razones por el fallecimiento del victimario. Si ya se discutió en su tiempo la legitimidad constitucional del Defensor del Pueblo a la hora de investigar a la Iglesia, ¿cuál es ahora el título habilitante que esgrime Pedro Sánchez para obligar a la Iglesia a pagar lo que el Gobierno mande? La pederastia es un problema social, no sólo eclesial. Si existe una institución que ha afrontado esta cuestión, por tierra, mar y aire, es la Iglesia, hasta el punto de que modificó su normativa...
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