Apostar al voto proporcional puro y mantener las OPLE, plantea INE
Separar la elección judicial de la intermedia, migrar a un sistema de representación pura, revisar el límite constitucional de sobrerrepresentación y mantener a los Organismos Públicos Locales Electorales son parte de las 241 propuestas de mejora que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
El planteamiento principal es que la elección judicial arranque en enero de 2027 en vez de septiembre próximo; que las campañas de juzgadores tengan lugar en agosto, con una duración de 60 días, y que la jornada de votación se realice el último domingo de octubre del próximo año, ante las complejidades operativas y logísticas que representa la exclusión de partidos políticos de estos comicios.
El INE recomienda preservar y mejorar el modelo de elección de legisladores por el principio de representación proporcional y advierte que su eliminación o sustitución por el principio de primera minoría “podría causar mayor sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios, afectando a los más pequeños”.
Sugiere valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura para evitar que las cúpulas partidistas impongan candidatos en las listas plurinominales, en el cual cada partido reciba un porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos, a partir de candidaturas abiertas; es decir, que el partido integra el listado, pero votante decide a quién le asigna su sufragio.
También se plantea incluir en la legislación electoral el mecanismo de verificación de afiliación efectiva ante “la necesidad de corregir distorsiones en el valor del voto, derivadas de prácticas que desvirtúan el sistema de representación proporcional”.
Otras propuestas son fortalecer los mecanismos de fiscalización, garantizar la autonomía y presupuesto suficiente para sacar adelante las elecciones, el cual podría estar indexado al Producto Interno Bruto.
Gobierno no aspira a que ya consensos con la reforma electoral, advierte Pablo Gómez
Luego de recibir la propuesta, Pablo Gómez, presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, declaró que el gobierno federal no aspira a que la iniciativa salga por consenso de todas las fuerzas políticas.
Expresó sus dudas sobre las propuestas planteadas, como el concepto de autonomía de las autoridades electorales, que –afirmó– deberá ser cambiado por independencia, y la obligación de garantizar un presupuesto fijo al INE.
Gómez agregó que el gobierno no quiere consejeros o magistrados electorales “avasallados en ningún órgano” y coincidió en que debe haber cambios en la fiscalización.
“Siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía. La autonomía quiere decir quien será su propio gobierno, su propia ley (….) Los órganos administrativos no son eso, por más que se quiera, pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, ser imparciales, observar la legalidad y la certeza”.