El carbono entra en la ecuación económica
Guatemala dio un paso silencioso pero estructural en la economía verde. El primer pago del Programa de Reducción de Emisiones (PRE) marcó el ingreso formal del país al mercado internacional de servicios ambientales, beneficiando a unas 50 000 familias que protegen bosques, manglares y ecosistemas. No fue un proceso perfecto, sí uno fundacional.
El PRE permitió que más de 1000 proyectos de conservación —1015 en total— recibieran ingresos por algo que históricamente no tenía precio: la captura de carbono. En conjunto, estos proyectos abarcan desde pequeñas parcelas de 50 hectáreas hasta extensiones de 1000 hectáreas, distribuidas principalmente en áreas rurales, donde el manejo forestal es una fuente crítica de subsistencia y estabilidad social.
Para Francisco Escobedo, director ejecutivo de la Gremial Forestal de Guatemala, el cambio es profundo. El programa eleva el valor económico de la actividad forestal al permitir que, además de vender madera u otros productos tradicionales, los propietarios y comunidades puedan comercializar los servicios ambientales que siempre han prestado, pero que nunca habían sido remunerados. En términos económicos, el bosque deja de ser un activo pasivo y se convierte en una fuente recurrente de ingresos.
La primera venta internacional se concretó por más de GTQ 175M, correspondientes a la colocación de créditos de carbono en el marco de un contrato con el Banco Mundial. El acuerdo contemplaba la compra de dos millones de toneladas anuales a un precio de USD 5 por tonelada. No obstante, Guatemala presentó una oferta mayor —4.8M de toneladas—. Sin embargo, este excedente no se pudo colocar en el mercado, esto generó expectativas que no pudieron cumplirse en su totalidad.
El principal cuello de botella fue institucional. Existía la posibilidad de vender el excedente de carbono a terceros a precios significativamente más altos, pero el Ministerio de Finanzas no autorizó esa vía. El resultado fue un pago para los participantes, cercano al 57 % de lo proyectado.
Aun así, el sector coincide en que el verdadero riesgo habría sido no cerrar ninguna venta. Eso habría dejado a Guatemala fuera del radar de compradores internacionales. Hoy, el país se posiciona como el cuarto en Latinoamérica en concretar una operación de este tipo, validando su capacidad técnica y administrativa.
El desafío: evolucionar hacia una versión 2.0 del programa. Más ágil, con menor intermediación estatal y mayor capacidad de negociación. Si se corrigen estos aspectos, el mercado de carbono puede convertirse en una nueva fuente estable de divisas, inversión rural y conservación productiva. En 2025, el bosque empezó a hablar en términos económicos. Ahora falta que el país aprenda a escucharlo mejor.