La bonificación del 100% del RPF propuesta por Sánchez premia más a los caseros que mantengan los alquileres que a los que los bajen
La nueva desgravación fiscal propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener el precio de los alquileres podría desembocar paradójicamente en un mayor beneficio para los caseros que congelen las rentas que para aquellos que las bajen.
El jefe del Ejecutivo anunció el lunes la próxima aprobación de un decreto ley por el Consejo de Ministros que contendrá una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos arrendadores que prorroguen los alquileres sin incrementar la renta, de forma que se compense la subida que podrían aplicar en el mercado.
Sin embargo, según lo dispuesto en la Ley por el Derecho a la Vivienda, los contribuyentes que tengan una vivienda alquilada en una zona tensionada pueden deducirse hasta el 90% de los ingresos del alquiler si han bajado el precio del alquiler un 5% en relación con el contrato anterior.
Asimismo, la norma fija que los arrendadores se puedan deducir el 70% de las rentas si su vivienda está alquilada a jóvenes de entre 18 y 35 años en las zonas tensionadas. En el resto del territorio, la bonificación por alquiler residencial se quedará en el 50%, a excepción de viviendas arrendadas en las que se hayan acometido obras de rehabilitación, donde se aplica una reducción del 60%.
Ante ante situación, los técnicos de Hacienda (Gestha) consideran necesario reestructurar los incentivos fiscales vigentes en la Ley del IRPF, teniendo en cuenta la bonificación del 90% que se aplica en zonas tensionadas para los que bajen precio frente al 100% que propone Sánchez para los que lo congelen. De no realizarse esta redefinición impositiva, estos técnicos consideran que podría percibirse que los propietarios que mantienen los precios obtienen más ventajas fiscales que aquellos que los rebajan.
A pesar de que el Gobierno ha optado por profundizar en la vía de los incentivos fiscales en lugar de congelar los 600.000 alquileres con vencimientos en 2025 y 2026 como le han pedido sus socios de Gobierno y en el Congreso, los técnicos de Hacienda creen que lo ha hecho un tanto a ciegas. Creen que aún es pronto para evaluar el impacto de las bonificaciones vigentes en la contención de los precios, dado que las reducciones fiscales del 90%, 70%, 60% y 50% entraron en vigor en enero de 2024, siendo aplicadas por primera vez en la Renta 2024 (abril‑junio de 2025), por lo que opinan que aún no ha transcurrido un plazo suficiente para analizar su eficacia.
Otro aspecto que los expertos ponen en duda del anuncio de Sánchez es su seguridad jurídica. Arantxa Goenaga, social de AF Legis, asegura que la bonificación, de la que asegura «habrá que leer la letra pequeña para ver que realmente no impone más obligaciones al propietario», sí que parece «un control de precios indirecto que lleva a intervenir nuevamente el mercado y pretende hacer desaparecer la libertad de las partes en sus negociaciones. Evidentemente, lleva a que no exista igualdad tributaria porque no se trata todos los alquileres por igual», según añade la abogada.
Aunque la fiscalidad es una de las teclas que se considera necesario tocar para abordar el problema de la vivienda, y aunque para Gestha, las medidas fiscales pueden ser útiles para afrontar ciertos problemas del mercado inmobiliario, estos técnicos asumen también que no son suficientes por sí solas para resolverlos. En su opinión, la evolución del mercado del alquiler depende en gran medida de factores estructurales, como la oferta disponible, la seguridad jurídica, los plazos de generación de nueva vivienda y el marco regulatorio aplicable a los alquileres turísticos, entre otros elementos, siendo también decisiva la vivienda de construcción pública que puedan promover las distintas administraciones.
El argumento de Gestha sobre los incentivos va en la misma línea del esbozado por las agencias inmobiliarias. Este colectivo considera que ninguna medida fiscal será eficaz para resolver el problema de los precios del alquiler mientras persista la actual inseguridad jurídica del arrendador, ya que es el principal motivo de la reducción de la oferta que está detrás de la presión de los precios.
«La imposibilidad real de recuperar la vivienda en caso de impago cuando el inquilino es declarado vulnerable, unida al colapso de los juzgados y a procedimientos de desahucio que se prolongan durante meses o años, constituye hoy el principal freno para que miles de propietarios saquen su vivienda al mercado del alquiler», según ha asegurado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro.