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Santa Bárbara Sistemas eleva el pulso judicial por la artillería del Ejército y fija una línea roja industrial

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Según Defensa.com, el pulso abierto por Santa Bárbara Sistemas con la Administración y con los actuales adjudicatarios de los programas de artillería autopropulsada ha entrado en una fase decisiva. La empresa, integrada en el grupo General Dynamics European Land Systems, ha confirmado su decisión de recurrir los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria a las uniones temporales lideradas por Indra y Escribano para el desarrollo de obuses de cadenas y ruedas destinados al Ejército de Tierra.

La posición de la compañía fue expuesta por su director general, Alejandro Page, en un encuentro con periodistas celebrado en la fábrica de Trubia. En ese foro, Page defendió que la estrategia judicial responde a la necesidad de proteger tecnología desarrollada en España y a los equipos humanos que han participado en ella durante más de una década.

Un conflicto que va más allá de un contrato

Según la dirección de Santa Bárbara Sistemas, la exclusión de los programas no se limita a una oportunidad comercial perdida. Los contratos en juego, que entre financiación pública y adquisiciones superan los 10.000 millones de euros, condicionarán el mapa industrial terrestre español durante los próximos diez años.

La empresa sostiene que inició hace quince años el desarrollo de sistemas de artillería autopropulsada propios, presentados públicamente en la última edición de FEINDEF junto a un plan industrial que implicaba a más de 200 empresas nacionales. A pesar de ello, asegura no haber recibido respuesta efectiva por parte del Ministerio de Defensa ni de las compañías finalmente adjudicatarias.

Los plazos y la vía judicial

Page confirmó que se agotaron los plazos administrativos previos antes de acudir a los tribunales. En junio, la compañía presentó al Ministerio de Defensa una propuesta no solicitada para los obuses autopropulsados y, un mes después, remitió una carta a la Secretaría de Estado de Defensa detallando que sus sistemas cumplían los requisitos técnicos de los programas que acababan de publicarse.

Paralelamente, Santa Bárbara Sistemas contactó con los posibles adjudicatarios para ofrecer tecnología española como alternativa a soluciones extranjeras. Al no prosperar estas iniciativas, la empresa optó por recurrir al Tribunal Supremo como último recurso.

Soberanía tecnológica y empleo

Uno de los ejes centrales del discurso de la compañía es la alineación con la política industrial del Ministerio de Defensa, orientada a reforzar la autonomía estratégica. En palabras de su director general, no tiene sentido optar por tecnología extranjera cuando existen desarrollos nacionales equivalentes, especialmente si ello facilita el mantenimiento y la evolución futura de los sistemas.

Santa Bárbara Sistemas subraya que cuenta con 1.200 empleados directos y se define como el único fabricante nacional de sistemas de artillería, además de un actor histórico en vehículos de combate terrestres. La exclusión de estos programas, sostiene, ha generado frustración interna tras años de inversión y esfuerzo industrial.

Capacidad industrial frente a dependencia exterior

La empresa ha cuestionado públicamente la capacidad de las UTE adjudicatarias para desarrollar los sistemas sin recurrir a tecnología extranjera. A su juicio, esta dependencia podría comprometer la soberanía tecnológica y el control nacional sobre capacidades críticas para el Ejército.

En este contexto, Santa Bárbara Sistemas ha anunciado que también recurrirá las adjudicaciones de los contratos de artillería de cadenas y ruedas, valorados en unos 7.240 millones de euros, reforzando así una estrategia jurídica que se prolongará en el tiempo.

Relaciones industriales en un entorno complejo

A pesar del enfrentamiento judicial, la compañía ha querido matizar que mantiene canales de comunicación abiertos con Indra y Escribano. Ambas empresas son socias de Santa Bárbara Sistemas en Tess Defence, la UTE responsable del programa de blindados 8x8 Dragón y adjudicataria del Vehículo de Apoyo a Cadenas.

Esta dualidad refleja la complejidad del ecosistema industrial de defensa en España, donde la competencia y la cooperación conviven en grandes programas estratégicos. Para Santa Bárbara Sistemas, el objetivo declarado no es desplazar a otros actores del territorio, sino asegurar su propia continuidad industrial.

La empresa insiste en que su recurso no busca frenar el desarrollo de la industria nacional, sino garantizar que la tecnología creada en España tenga un papel central en los programas del Ejército. En palabras de su dirección, la línea roja está clara: proteger la tecnología española y a quienes la desarrollaron, sin renunciar a seguir formando parte del futuro industrial de la defensa.




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