El juez calibra la implicación de los ministerios de Maroto y Ribera en la "trama del fuel"

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz afronta hoy una testifical clave para esclarecer el papel que jugaron en 2020 y 2021 los ministerios de Industria y Transición Ecológica –entonces con Reyes Maroto y Teresa Ribera al frente, respectivamente– el la conocida como «trama del fuel» del masivo fraude del IVA (casi 50 millones de euros) en el sector de hidrocarburos. Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons acuden al tribunal después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les señalara el pasado diciembre en un informe por sus supuestas gestiones para la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos en favor de Villafuel, la empresa del empresario Víctor de Aldama (que declara mañana, aunque en su caso como investigado) y de su socio Claudio Rivas, que también comparece hoy ante el juez como imputado.

La unidad policial desveló la existencia de reuniones y contactos de la «trama» con el objetivo de conseguir esa licencia clave para articular la arquitectura defraudora, desbloqueando los reparos sobre la falta de solvencia económica de Villafuel.

Ambos acuden a la Audiencia Nacional en calidad de testigos, obligados por tanto a decir verdad, y bajo la sombra de una posible imputación que dependerá, en buena medida, de la posición que adopte al respecto el fiscal de Anticorrupción Luis Pastor, que ejerce la acusación al igual que la acción popular, representada por el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán.

La UCO puso de relieve que Díaz Bidart se reunió el 21 de diciembre de 2020 en el restaurante «La tragantía» con Aldama y Koldo García (quien se habría encargado de materializar con esos contactos la influencia de Ábalos en la tramitación de la licencia), una cita de la que el comisionista dio cuenta al día siguiente a Carmen Pano, la empresaria que afirma que llevó bolsas con dinero a Ferraz.

"Está todo hecho"

Tras ese encuentro con el director de gabinete de Maroto se celebró una segundo encuentro de Bidart con Claudio Rivas y Carmen Pano «formalizando los acuerdos adoptados». «Está todo hecho», le trasladó Pano a su hija tras esa reunión. «Que no nos preocupemos por nada», añadió.

Para la Guardia Civil, resulta «especialmente significativo» que el ministerio de Bidart «carecía de competencia» en la concesión de esa licencia de operador. Algo que añade más interrogantes a la intervención del jefe de gabinete de Maroto.

A esos contactos le sucedieron los que entabló Koldo García con Marc Pons –director de gabinete de Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica) durante la tramitación del expediente (tras diversos requerimientos para subsanar las carencias, que se concentraban en la falta de acreditación del músculo financiero de Villafuel). La UCO certificó al menos dos contactos en abril y julio de 2021.

En la primera ocasión, el 8 de abril, Koldo le reenvió una imagen con los datos de registro de la documentación del expediente de Villafuel (que se había efectuado el 16 de febrero). Los agentes destacan que «el hecho de que la comunicación se limitara únicamente al envío de la imagen, sin que mediara comentario alguno, sugiere que dicho envío obedeció al resultado de una conversación» previa entre ambos.

Posteriormente, el asesor de Ábalos –quien según la unidad policial por sus gestiones disfrutó de un chalet en la urbanización de La Alcaidesa adquirido por Rivas por 585.000 euros– solicitó el 8 de julio una reunión a Pons para entregarle «unos documentos». «Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud ????», le escribió.

"Deben explicar si rindieron cuentas a las ministras"

Los responsables de la «trama», llama la atención la UCO, «ordenaron activar el pago de las contraprestaciones económicas pactadas», formalizando la compra de la vivienda elegida por Ábalos y ordenando dos transferencias a MTM 180 Capital, empresa de Aldama por un total de 292.416 euros (181.500 y 110.916 el 15 de junio y el 19 de julio de 2021).

Fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN señalan que Díaz Bidart y Pons deben aclarar, dado que están obligados a decir la verdad, si Maroto y Ribera estaban al tanto de sus contactos con la «trama Koldo». «Deben explicar si rindieron cuentas de esas reuniones a sus respectivas ministras», subrayan.

Según esas mismas fuentes, ambos testigos «pueden acabar imputados porque el informe de la UCO concluye que participaron activamente en esas gestiones». «Si Díaz Bidart no era competente ¿por qué les cita la semana siguiente tras esa cena?», se preguntan. Algo que atribuyen a que su intención era «ejercer su influencia ante el ministerio de Ribera» para la concesión de la licencia a Villafuel.