En marzo de 2012, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas , abrió una investigación penal sobre las inyecciones de dinero público que la Junta de Andalucía realizó a proyectos empresariales que, en muchos casos, resultaron ruinosos entre los años 2005 y 2010. El Ejecutivo andaluz, entonces en manos del PSOE, canalizó estas ayudas a través de una sociedad de capital riesgo denominada Invercaria ya fuera mediante la concesión discrecional de préstamos participativos o entrando en su capital social. Casi catorce años después, ninguno de los condenados en firme por esta macrocausa de corrupción ha pisado la cárcel y nadie ha saldado tampoco sus deudas con las arcas de la Junta de Andalucía haciendo frente a...
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