Lanzarote ha ganado 6000 vacacionales desde 2023, un 115% más
El anuncio de una ley sin moratoria y la negativa a aplicar las medidas de la Ley de Vivienda para contener los precios del alquiler han provocado un aumento del 115% de la VV, pasando de las 5.198 a las 11.083 desde 2023. Así lo ha denunciado el PSOE de Lanzarote que advierte que esto supone un incremento de más del 115% desde junio de 2023, coincidiendo con el inicio del mandato de Oswaldo Betancort en el Cabildo de Lanzarote y de Fernando Clavijo en el Gobierno de Canarias. Como ha denunciado la secretaria insular del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, ahora mismo en Lanzarote «no es solo que la vivienda sea cara, es que no existe» y «encontrar una casa se ha vuelto imposible para la mayoría de la gente que vive y trabaja aquí». «En apenas año y medio hemos pasado de poco más de 5.000 a más de 11.000 viviendas vacacionales« lo que a su juicio ·responde a un efecto llamada generado por el anuncio de una ley sin moratoria y sin límites, mientras se renuncia deliberadamente a aplicar la Ley de Vivienda para frenar el precio del alquiler». La dirigente socialista ha acusado a Coalición Canaria de «haber puesto el cartel de se alquila a toda Lanzarote», priorizando el negocio turístico frente al derecho a la vivienda de la población residente. «Han dejado que el mercado se desboque y hoy lo pagan las familias, los jóvenes y los trabajadores de esta isla», ha añadido. Corujo ha sido especialmente crítica con la actitud del Cabildo de Lanzarote, que recientemente se ha vanagloriado de haber retirado unas 800 viviendas vacacionales del mercado. «Es una desvergüenza presumir de 800 menos cuando bajo su gestión han entrado casi 6.000 nuevas viviendas vacacionales. Ese es el balance real de su política», ha subrayado. «Lanzarote vive la peor crisis habitacional de su historia reciente, con alquileres inasumibles, vecinos expulsados de sus barrios y jóvenes que no pueden emanciparse», ha advertido, criticando que el Gobierno de Canarias «se niega a declarar zonas tensionadas, se niega a intervenir los precios y se niega a adoptar medidas de protección para la población residente», dejando el acceso a la vivienda en manos del mercado.
