Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad el 29 de enero un proyecto de ley que permitirá a empresas privadas, tanto locales como extranjeras, explotar, producir y comercializar el petróleo venezolano con mayor independencia del gobierno. La iniciativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca flexibilizar el régimen fiscal y suprimir obligaciones centrales del modelo chavista, como la participación mayoritaria de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en todos los proyectos.
La reforma de la Ley de Hidrocarburos también introduce un régimen de regalías más adaptable. Ahora el régimen de Rodríguez podrá reducir las compensaciones al 15%, en lugar del 33% vigente, en proyectos especiales o de alta complejidad técnica. La medida representa una flexibilización clave para campos maduros que requieren grandes inversiones iniciales.
Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reforma petrolera de Delcy Rodríguez
Jorge Rodríguez, hermano de la nueva mandataria y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, celebró la aprobación de la reforma a la ley petrolera, que abre la industria completamente a empresas privadas. "Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", sostuvo. En referencia a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, añadió: "Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento".
Delcy también festejó la aprobación y, luego de la llamada telefónica con Donald Trump el jueves 29 de enero, anunció que el país sudamericano está "dando pasos históricos". "Esta ley permite el verdadero salto histórico, cualitativo, para convertir estas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la felicidad más grande del planeta que puede tener un pueblo", declaró tras conversar con el líder republicano sobre la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y nuevas inversiones.
La normativa promete revertir los pilares de la legislación aprobada a mediados de los años 2000, durante el mandato de Hugo Chávez. Desde entonces, el chavismo concentró el control de la industria petrolera y obligó a las empresas privadas a operar solo a través de empresas mixtas controladas por la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Venezuela, que posee las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, había nacionalizado la industria petrolera en 1976. Sin embargo, la producción de crudo se desplomó en la última década debido a la falta de inversión, la gestión estatal ineficiente, las sanciones y el aislamiento internacional.
Reforma petrolera de Rodríguez permitirá operar sin control estatal
Un cambio relevante en la reforma promovida por Delcy Rodríguez es la incorporación de mecanismos de arbitraje independiente para resolver disputas contractuales, una medida que busca otorgar mayor seguridad jurídica a las empresas que inviertan en Venezuela. La reforma petrolera permitirá resolver controversias mediante arbitraje y otros mecanismos de mediación, en lugar de limitarse a los tribunales nacionales. Además, las compañías podrían operar campos petroleros de forma independiente y recibir directamente los ingresos por la venta de crudo.
El diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, ya había declarado en la previa discusión que el proyecto de ley representa un paso hacia la "modernización del sector energético". "La verdadera soberanía no solo reside en el control de los recursos, sino en transformarlos en bienes para el pueblo venezolano", opinó.
La aprobación de la reforma ocurrió el mismo día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización de las sanciones impuestas contra el sector petrolero de Venezuela. La administración de Donald Trump dejará de sancionar la extracción, comercialización, almacenamiento y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA, siempre que cualquier contrato quede sometido a la jurisdicción de Estados Unidos. Los pagos deberán depositarse en cuentas bajo control estadounidense y las ventas de crudo deberán realizarse exclusivamente mediante navíos autorizados.
El permiso no permite ninguna transacción con empresas o personas vinculadas a Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. Tampoco pueden participar compañías radicadas en Venezuela o en Estados Unidos que estén controladas, directa o indirectamente, por China.