De la licencia de octubre de 2022 a la demolición total de agosto de 2024: hitos del caso del palacete Irurak Bat de Getxo
La Ertzaintza sostiene que los ediles que habían comprado un piso de lujo en esa parcela sabían que se iba a tirar entero el edificio protegido
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El 25 de febrero declararán ante el juez Marcos Amor, que relevará este lunes a Neus Galobardes, los diez imputados en la causa por el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo, incluidos los tres exconcejales del PNV Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte -que iban a trasladarse a una vivienda de lujo en esa misma parcela- e Iñigo Urkitza. El caso ha sacudido la vida política vasca en las últimas semanas. La investigación judicial arrancó en otoño de 2024, justo después de la demolición definitiva, de agosto, aunque se ha reactivado en enero de 2026 tras la remisión al Tribunal de Instancia de Getxo de un informe por parte de la sección de la Ertzaintza especializada en delitos de Medio Ambiente y Urbanismo. Ese atestado recoge una cronología de los hechos y se recuerda que el Irurak Bat, ubicado en la calle de San Nicolás de Getxo y una obra de Ricardo Bastida cuya versión final es de 1933, estaba “singularmente protegido”.
El primer hito se dió el 18 de octubre de 2022. A propuesta del concejal Urkitza, la empresa Biurban, que en mayo había comprado la finca donde se yergue el Irurak Bat, recibió del Gobierno local de Getxo, de PNV y PSE-EE, licencia de obras para el derribo de las “construcciones auxiliares y la posterior rehabilitación” del palacete, un proyecto de Foraster Arquitectos. Según los ertzainas, ya esa licencia “no se adecuaba al régimen de protección” tanto de la normativa autonómica como de la municipal, pero es que la realidad es que se fue incluso más allá y se tiró todo.
La Ertzaintza “tiene la convicción, basada en datos objetivos” de que las altas funcionarias imputadas, Argiñe Encinas y Sonia Quintana, sabían que el proyecto de Biurban implicaba una “demolición parcial” del Irurak Bat. Encinas, como arquitecta municipal, hizo tres informes y “en ninguno” señaló el “valor patrimonial” del palacete. Obvió “en todo momento” que se iban a eliminar elementos protegidos. Quintana, de su lado, fue la que elevó a Urkitza la propuesta que se sometió a consideración del Ejecutivo local. “No consta la emisión del previo y preceptivo informe jurídico” que avalase las actuaciones autorizadas. Según la Ertzaintza, claramente ese dictamen “debía haber sido desfavorable”.
El 7 de diciembre de 2022, Biurban explicó al Ayuntamiento que las nuevas viviendas en esa parcela las promovería una cooperativa, Ereaga Atalaya. La Policía “infiere” que este paso se dio porque ya había compradores interesados para los pisos de lujo que se prometían en la zona. Así, en febrero de 2023 arrancó la fase de comercialización. El 13 de marzo, Ander Madariaga, representante de Biurban en todo el proceso, y la pareja compuesta por Inazio Uriarte e Irantzu Uriarte firmaron una reserva. En concreto, es un bajo, con dos plazas de garaje y trastero. ¿El precio? 571.000 euros más IVA, es decir, 628.100 euros.
Recuerda la Policía que ambos “formaban parte de órganos superiores y directivos” del Ayuntamiento, como tercer y cuarta tenientes de alcaldesa. Ambos entraron a la corporación en 2015, en las listas del PNV. Inazio Uriarte era responsable de Intervención, Tesorería, Personal y Organización. Irantzu Uriarte, como también Urkitza, el tercer edil investigado, estuvieron presentes en la sesión de 2022 que dio luz verde a la licencia.
En noviembre de 2023 se reunió la asamblea constituyente de la cooperativa Ereaga Atalaya. En ella hubo una pregunta “expresa” sobre si las obras iban a implicar el derribo del palacete. “Madariaga y Foraster informan a la asamblea [de] que el estudio geotécnico contenido en el proyecto de ejecución obliga a derribar las fachadas no previstas”, apunta la Policía de esa reunión, que remarca que los dos ediles compradores estaban presentes y sabían lo que iba a pasar.
Así las cosas, el 5 de enero de 2024, Madariaga lleva al Ayuntamiento un proyecto que ya preveía el “derribo total” del Irurak Bat, algo que “no era autorizable”. El 31 de enero hubo otra reunión de los cooperativistas y se anunció el inicio de las obras para febrero, con fecha de finalización prevista en septiembre de 2025. Así, el 12 de febrero la empresa Zandesa inició las actuaciones, con la fachada sur “derribada en su totalidad” y las este y oeste “parcialmente”. La operación se completó el 2 de agosto, con Zandesa tirando “lo que quedaba de las fachadas”.
En noviembre de 2024, el equipo de la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, del PNV, pidió a Getxo que velara por el cuidado de su patrimonio, aunque el Ejecutivo vasco dice que el Irurak Bat no tenía protección autonómica. En esas mismas fechas, las fuerzas de la oposición, primero EH Bildu y luego el PP, fueron acudiendo a los tribunales. El proceso estuvo a punto de quedar cerrado en otoño de 2025 al haberse agotado el plazo ordinario de instrucción sin avances. El PP pidió una prórroga y la magistrada Galobardes la autorizó. Después fue ella la que pidió el registro de dependencias municipales y la aprehensión de expedientes y aparatos electrónicos. Ahora se ha marchado de Getxo, porque era una magistrada en prácticas. Asume el expediente el juez Amor.