La banca se prepara para un cambio que afectará a su capital y liquidez
Durante años, los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza han sido tratados por las entidades financieras como factores emergentes, relevantes desde el punto de vista reputacional o estratégico, pero con un peso limitado en los marcos prudenciales. Esa etapa toca a su fin. El nuevo enfoque regulatorio obliga a integrar estos riesgos como una dimensión estructural más, al mismo nivel que el riesgo de crédito, el de mercado o el operacional.
El cambio no se produce de forma abrupta, pero sí marca un punto de inflexión claro. A partir de ahora, las entidades deben identificar de manera sistemática qué riesgos de este tipo son relevantes para su actividad y demostrar que cuentan con herramientas para medirlos, gestionarlos y supervisarlos de forma continuada. Ya no basta con informes descriptivos o compromisos generales: la exigencia se traslada al corazón de la gestión financiera.
De la sostenibilidad voluntaria al riesgo financiero
El elemento más avanzado en esta transición es el componente ambiental, especialmente el vinculado al cambio climático. Fenómenos físicos extremos, como inundaciones o sequías prolongadas, y riesgos de transición asociados a cambios regulatorios o tecnológicos, se consideran ahora fuentes potenciales de pérdidas financieras. Su impacto puede materializarse en deterioros de activos, aumento de la morosidad o tensiones de liquidez.
Este enfoque implica que los riesgos ambientales ya no se analizan de forma aislada. Se integran en los procesos internos de evaluación de capital y liquidez, influyendo en la planificación financiera y en la definición del apetito de riesgo. Las entidades deben demostrar que comprenden cómo estos factores afectan a sus carteras, a sus contrapartes y a su capacidad de absorber pérdidas.
Identificación y medición bajo distintos escenarios
Una de las principales exigencias es la evaluación bajo escenarios. Cada entidad debe analizar cómo evolucionarían sus indicadores financieros en contextos adversos relacionados con el clima u otros factores ESG. Estos ejercicios no se limitan al corto plazo, sino que se extienden a horizontes temporales de varios años, incorporando hipótesis macroeconómicas y sectoriales.
La complejidad reside en traducir variables no financieras en impactos cuantificables. Para ello, se requiere un conocimiento detallado de las exposiciones por sector, región y tipo de activo. También es necesario evaluar la vulnerabilidad de clientes y proyectos ante cambios regulatorios o tecnológicos asociados a la transición hacia modelos económicos más sostenibles.
El papel de los test de resistencia a partir de 2027
El siguiente paso será la incorporación progresiva de estos riesgos en las pruebas de resistencia. Estos ejercicios buscan evaluar la capacidad de las entidades para mantener niveles adecuados de capital y liquidez en escenarios de tensión. A partir de 2027, los factores ESG comenzarán a formar parte de estas evaluaciones de manera estructurada.
En una primera fase, el foco estará puesto en el riesgo climático. Los supervisores analizarán cómo eventos extremos o cambios acelerados en políticas ambientales pueden afectar a la solvencia de las entidades en horizontes de hasta cinco años. Además, se incorporará una visión más estratégica, con evaluaciones del impacto sobre modelos de negocio a diez años vista.
Impacto directo en capital y liquidez
La inclusión de estos riesgos en los test de resistencia tiene consecuencias prácticas. Si un escenario adverso muestra una erosión significativa del capital o tensiones de liquidez, la entidad deberá ajustar su planificación. Esto puede traducirse en mayores exigencias de capital, cambios en la composición de las carteras o revisiones de la estrategia comercial.
En la práctica, la financiación de determinadas actividades con alta exposición a riesgos ambientales o sociales puede verse limitada. Las decisiones de concesión de crédito, inversión o fijación de precios incorporarán cada vez más estos factores, no solo por criterios de sostenibilidad, sino por su impacto directo en la estabilidad financiera.
Retos operativos y metodológicos
La integración plena de los riesgos ESG plantea desafíos relevantes. Uno de los principales es la calidad y disponibilidad de los datos. Muchas variables necesarias para evaluar estos riesgos no están estandarizadas o presentan lagunas significativas, lo que dificulta el uso de modelos cuantitativos avanzados.
Otro reto es la modelización de efectos indirectos y de contagio. Un evento adverso en un sector puede propagarse a otros a través de cadenas de suministro, mercados financieros o cambios regulatorios. Capturar estas interdependencias requiere metodologías complejas y un enfoque multidisciplinar.
Gobernanza y responsabilidad interna
La responsabilidad última de esta integración recae en los órganos de gobierno. Los consejos de administración deben asegurarse de que los riesgos ESG están correctamente incorporados en la estrategia, en los sistemas de control interno y en la toma de decisiones. Esto implica formación específica, adaptación de comités y una supervisión más activa.
Además, los incentivos internos y los sistemas de reporte deben alinearse con este nuevo enfoque. La gestión del riesgo ESG deja de ser una función especializada para convertirse en una responsabilidad transversal que afecta a todas las áreas de la entidad.
Un cambio estructural con efectos a largo plazo
La incorporación obligatoria de los riesgos ESG en la gestión bancaria y en los test de resistencia no es un ajuste técnico menor. Supone un cambio estructural en la forma de entender la estabilidad financiera. Los riesgos no financieros pasan a considerarse determinantes para la solvencia y la liquidez, alterando la manera en que se evalúan las estrategias y los modelos de negocio.
A largo plazo, este enfoque busca reforzar la resiliencia del sistema financiero frente a shocks cada vez más complejos e interconectados. Para las entidades, el desafío consiste en adaptarse con rapidez, mejorar sus capacidades analíticas y convertir esta exigencia regulatoria en una ventaja competitiva sostenible.