La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante escala hasta la Junta de Personal del Ayuntamiento ante la implicación de varios funcionarios municipales. La primera promoción de vivienda protegida ejecutada en la ciudad en más de dos décadas ya ha provocado la dimisión de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y de la directora general María Pérez-Hickman, así como la suspensión de empleo y sueldo de un funcionario de la Generalitat, quien habría validado datos falsos para que su esposa, arquitecta en el Ayuntamiento, obtuviera un piso en la controvertida promoción.
