Trabajadores de la sanidad privada murciana: "Con los sueldos congelados 15 años, llegar a fin de mes es una yincana"

Isabel Cavas empezó a trabajar en un hospital privado de Cartagena hace 21 años. “Me estrené en la recepción de Urgencias y poco a poco fui progresando”, relata. A esta mujer, separada y a cargo de dos niños de 8 y 13 años, le gusta “mucho” su trabajo como administrativa en el hospital: “Lo mismo puedo atender una llamada con una reclamación, que gestionar unas facturas, que cualquier otra cosa, tengo ya mucha experiencia, son muchos años”.

Pero también son muchos años de salarios congelados en la sanidad privada murciana, quince para ser exactos. “Ni la mayoría de mis compañeros ni yo nos sentimos nada valorados; no queremos irnos del trabajo, lo que queremos es que se sienten a negociar el convenio y actualicen las tablas salariales”.

A esta administrativa se le hace cuesta arriba llegar a final de mes. “Ahora mismo estoy cobrando 1.200 euros, y sin la ayuda de mi madre que es pensionista no podría salir adelante”, se queja. “Repartir el sueldo para intentar llegar al máximo de pagos es toda una yincana: solo el gesto de llenar la cesta de la compra todas las semanas resulta muy complicado con lo que se han encarecido los huevos, la carne o el pescado; la última semana del mes es terrible”.

Los salarios del sector llevan congelados desde 2004. Y desde 2013 no ha habido subidas ni por el IPC. “Es muy duro, cualquier gasto extra te desequilibra, comprar calzado, medicamentos o ropa nueva para los niños, por ejemplo, y ya ni pensar en si se te avería un electrodoméstico, o los meses que hay que pagar seguros y contribuciones; tenemos una situación muy precaria”. De hecho, “una persona que llegue nueva cobra casi lo mismo que los antiguos porque el salario mínimo ha ido subiendo”.

“Hace dos años ya hubo fuertes movilizaciones y un amago para desbloquear la mesa de negociaciones, estuvieron a punto de firmar pero el problema es que la patronal siempre quiere más, no les vale con las cesiones que hacen los trabajadores”, explica Teresa Fuentes, secretaria regional de Comisiones Obreras. “Todas las mejoras que había hace quince años han caído en el olvido”, continúa al tiempo que señala que hay compañías que han hecho un convenio propio y han mejorado la situación de sus empleados. Pero otras “siguen bloqueando” las negociaciones, “mientras publicitan nuevas líneas de investigación a costa de pagar como pagan a sus trabajadores, les interesa dilatar esta situación”.

Sueldos “miserables”, brecha salarial y pobreza infantil

Teresa Fuentes se lamenta de que la Región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma con los salarios más bajos después de Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha, “además tenemos las tasas más elevadas de pobreza infantil por los sueldos miserables que cobran muchas personas, unas pensiones raquíticas y además lideramos la brecha salarial entre hombres y mujeres; indicadores de que hay cosas que se están haciendo mal”.

“Hacerte cargo de niños pequeños en este contexto no se hace nada llevadero y así hay muchos compañeros y compañeras”, cuenta Isabel. “Todo esto impacta en la salud mental, te genera mucha ansiedad, es imposible ahorrar nada y mirar a largo plazo, pensar por ejemplo en los estudios de tus hijos, en su futuro”. Hace 15 años, recuerda, “cobrábamos 54 euros al mes por hijo menor a cargo como ayuda escolar, ahora ya ni eso”.

En su caso, además, la conciliación tampoco resulta sencilla y pasa por contratar servicios para poder llegar a todo, al trabajo y a atender a los niños. “Al pequeño he tenido que apuntarle al comedor escolar, y en julio, a una escuela de verano; y no hay prácticamente ayudas porque aunque sea insuficiente estás cobrando un salario por encima del umbral fijado para beneficiarte de las subvenciones”.

Isabel pide que se sienten todas las partes a negociar y mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. “Estamos viendo cómo cada año suben las tarifas de los hospitales y hacen nuevos conciertos con la sanidad pública, pero no se reparte nada con los empleados”. El personal sanitario, médicos y enfermeras, “está de paso en los centros privados, poca gente aguanta esta situación”.

El pasado martes las delegadas de Comisiones Obreras, Teresa Fuentes, y UGT, Paqui Sánchez, se reunieron con el consejero de Salud del Gobierno regional, Juan José Pedreño, quien se comprometió a mediar con la patronal para conseguir que se renueve el Convenio Colectivo de Establecimientos Sanitarios, Hospitalización y Asistencia, que tiene efectos directos en 7.000 empleados.

Doble responsabilidad

La secretaria regional de Comisiones apunta que “la responsabilidad absoluta es de las empresas, que se lucran a costa de empobrecer a sus empleados, pero también de la administración, que está dando conciertos a estas compañías”. Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Consejería, por su parte, aseguran que “se han escuchado todas las reivindicaciones y se respeta su derecho a mejorar sus condiciones laborales”, aunque han recordado que “los convenios colectivos los negocian los representantes de los trabajadores y los empresarios” y han asegurado que “la Administración, por su parte, garantizará el marco del acuerdo que alcancen y velará por su legalidad”.

El próximo martes 10 de febrero hay convocadas nuevas movilizaciones por parte de los sindicatos, “después empezaremos con paros parciales dentro de los hospitales; y si hace falta llegaremos a la huelga”, añade la secretaria regional de Comisiones.

Acercar posiciones

Por su parte, desde la patronal de la sanidad privada murciana, la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC), apuntan que han participado “activamente” en las reuniones “y hemos planteado distintas propuestas con el objetivo de acercar posiciones”. Actualmente, señalan en un comunicado, “se está avanzando en una posible solución que permita alcanzar el objetivo común, siempre dentro de un marco de sostenibilidad empresarial”.

Desde la UMHC son “conscientes” de que el coste de vida ha aumentado; pero argumentan que el sector sanitario privado ha mantenido su actividad “con enormes dificultades derivadas de la crisis económica, el incremento de los costes energéticos, la pandemia de la COVID-19 y la falta de actualización de tarifas públicas en los conciertos sanitarios”. Y que ese contexto ha repercutido en la capacidad de negociación y de mejora de las condiciones laborales “pero, que se encuentra lejos de las condiciones de esclavitud que afirman representantes sindicales”.