La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita una pena de ocho años de prisión para un acusado al que se le atribuye la tenencia y difusión continuada de material pornográfico infantil de «extrema gravedad» a través de redes de intercambio de archivos. El caso lo juzgará la Audiencia Provincial a raíz de una investigación desarrollada por el Grupo de Protección del Menor número 3 de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Los agentes detectaron cómo, desde una dirección IP vinculada al acusado, se estaban compartiendo archivos pedófilos mediante redes P2P. Se llegaron a contabilizar 68 archivos relacionados con explotación sexual infantil, abusos a menores de muy corta edad y prácticas sexuales con animales . Ya en marzo de 2025, la Policía entró y registró su domicilio, interviniendo un ordenador portátil, varios discos duros externos y memorias USB, cuyo análisis resultó determinante para la acusación. Los hechos, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, se produjeron de forma continuada entre enero y julio de 2024. En los vídeos compartidos, los menores eran agredidos sexualmente por adultos, también bebés que eran sometidos a prácticas sexuales. En uno de los discos duros se localizaron 894 archivos, de los cuales 643 eran vídeos y 102 fotografías. Se dividían en carpetas denominadas «teen», «zoo» y «home». Además, en una de las memorias intervenidas, el acusado tenía instalado el programa de intercambio de archivos `eMule´, desde el que descargó más de 2.000 archivos con nomenclatura pedófila . 13 de ellos se consideran «especialmente degradantes o vejatorios». En más de 30 vídeos, se recogían prácticas sexuales entre niños y animales. Y en uno de ellos, de varios minutos de duración, se sometía a una niña de tres años a agresiones sexuales extremadamente violentas. El acusado, que ingresó en prisión en marzo del 2025, después del registro de su vivienda, fue puesto en libertad seis meses y medio después y ahora se enfrenta a un delito de difusión de material pornográfico. La Fiscalía pide ocho años de cárcel, además de una inhabilitación especial para cualquier profesión que conlleve contacto con menores por un tiempo superior en cinco años a la pena de cárcel.
