La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero , ha revelado este miércoles que se ha detectado «falta de información» en varios expedientes de adjudicación de otros beneficiados por las adjudicaciones de Viviendas de Protección Pública (VPP). En caso de que se compruebe que mintieron sobre el nivel de ingresos familiares, se llevarán ante la Fiscalía. La Justicia deberá decir qué ocurre si hay pisos asignados irregularmente: «Nosotros no podemos revocar», ha puntualizado la dirigente autonómica, ya que no está entre sus competencias. En esta promoción de vivienda pública en Les Naus en Playa San Juan de Alicante, se están revisando de oficio las solicitudes presentadas por algunos beneficiarios y se dará traslado a Fiscalía para que la ley actúe «caiga quien caiga» si se ha cometido algún delito. En declaraciones a los medios en Alicante, ha descartado cuantificar cuántos casos se han detectado para « no alarmar » porque hay que esperar a comprobar que si la documentación extra reclamada -como los ingresos o propiedades del otro cónyuge en casos de separación de bienes- es «correcta». En caso contrario, se pondrá en conocimiento de Fiscalía para ampliar la denuncia ya interpuesta. La polémica por la adjudicación se ha conocido tras tener conocimiento de que la ya exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de VPP. Además, la Generalitat ha abierto expediente a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser cónyuge de una solicitante y que omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte. En ese sentido, ha apuntado que desconoce si se pueden revocar las adjudicaciones que se hubiera hecho de forma irregular y ha apuntado que deberá ser la Justicia la que determine qué pasa con esos expedientes: «La Generalitat no puede revocar un hecho que no hemos realizado nosotros». Así, ha recordado que la Administración autonómica «no adjudica viviendas» sino que «sólo revisa si las personas elegidas por la cooperativa reúnen las condiciones para ser beneficiarias». El Servicio Territorial confirmó que las personas que habían comprado un piso de esa promoción «tuviesen el visado que demuestra que tienen las condiciones para ser propietarios de una VPO» y ahora están investigando cada uno de los expedientes remitidos por la promotora. Asimismo, ha confirmado que «todos» los que están siendo investigados dependían del mismo funcionario de la dirección territorial, que « promocionó con el anterior Gobierno del Botànic ». Al respecto, ha criticado «la hipocresía y la falta de responsabilidad» por parte de la oposición, de Compromís y el PSPV, que «están manipulando los hechos, que están creando bulos y que están falseando alguna de la información que está saliendo» y les ha reprochado que «no hayan pedido responsabilidades a un funcionario que ellos mismos promocionaron». Además, les ha recriminado que «confundan» vivienda social con vivienda de protección pública. Por contra, ha recalcado que la Generalitat ha actuado «con total contundencia» tras tener conocimiento de estos casos y de forma inmediata, apartando y abriendo un expediente al funcionario y trasladando la información a Fiscalía para que proceda a determinar si se ha incurrido en alguna ilegalidad. No ha querido valorar los casos de la concejal y de la directora general dimitidas, pero ha recalcado que «van a llegar hasta el final». Asimismo, ha informado de que sólo hay un propietario de VPP que ha solicitado autorización a la Conselleria para vender el inmueble y otros tres para alquilarlos , un trámite que es preceptivo. Al respecto, ha anunciado que en los casos de venta la Generalitat ejercerá el derecho de retracto para que «no haya posibilidad de que se especule con una vivienda de protección pública». En estos casos, ha explicado que deberán venderse por el mismo precio por el que se ha adquirido y las personas que lo compran deben de tener las mismas condiciones que se exigen para ser beneficiarios de estos pisos. Y ha apuntado que para poder alquilarlas deben darse una serie de excepcionalidades y se están estudiando si se cumplen. Camarero ha insistido en que se van a «mejorar» e intensificar los controles en las adjudicaciones y ha recalcado que «una oveja negra no puede perjudicar algo tan importante como la vivienda pública». Así, se creará una comisión de revisión de visados para que no dependan sólo de un funcionario, además de que ya se exige que las peticiones sean presentadas electrónicamente y una colaboración con la Agencia Tributaria y el registro para comprobar los ingresos y las propiedades de los solicitantes. Tampoco ha querido entrar en si otras administraciones, como el Ayuntamiento de Alicante, también debería reforzar los controles. Camarero ha recalcado que gracias al Plan Vive se sacarán 10.000 viviendas en la Comunitat Valenciana. En ese sentido, ha apuntado que además de la comisión de seguimiento en cada una de las promociones del plan, «visto lo visto» además de los requisitos legales de universalidad y accesibilidad se mejorará la publicidad no sólo por parte de la Conselleria sino también por parte de la propia promotora. Así, en lugar de un registro general como hasta ahora se quiere que exista un registro específico por cada una de las promociones con toda la información sobre los solicitantes y los adjudicatarios y si hay «más personas que pisos se establezca el mecanismo de adjudicación, más allá del de vecindad que piden los alcaldes, si es por orden o por sorteo».
