Добавить новость
ru24.net
World News
Февраль
2026
1 2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vox pide la dimisión del alcalde de Alicante por las VPP junto a la izquierda y el PP se queda en minoría

0
Abc.es 
Vox ha exigido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala , por el escándalo de las Viviendas de Protección Públicas (VPP) y ha coincidido así con la izquierda de PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, lo que deja en minoría al PP en el gobierno local. Además, también este jueves se ha sumado a la oposición para registrar la petición de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Esta tensión entre el PP y Vox se produce en un momento delicado en el escenario político nacional, con ambas formaciones decidiendo el futuro del poder en Extremadura y Aragón. Aunque los de Abascal han apoyado con sus votos a los populares durante esta legislatura en el Ayuntamiento alicantino, la magnitud de este caso de posible trato de favor a varios cargos públicos les ha hecho marcar distancias y han dejado solo a Barcala además de acorralar a los populares en el Parlamento autonómico. «El alcalde no puede seguir al frente del Consistorio tras un escándalo que ha dañado gravemente la credibilidad institucional de la ciudad», han advertido en un comunicado. No obstante, parece poco probable que den el paso de respaldar una moción de censura de la izquierda, porque en la sesión del Pleno extraordinario celebrado este jueves a petición de la oposición de izquierdas, sin ir más lejos, la portavoz municipal de Vox, Mª Carmen Robledillo, les ha descalificado con vehemencia: « Sois unos ratas ». Posteriormente, ha retirado estas palabras. Eso sí, aunque no lleguen a forzar un relevo del PP al frente del Ayuntamiento, pueden boicotear cualquier acción de gobierno de Barcala, que contaría sólo con sus 14 votos en la Corporación, frente a los 15 que suma la oposición con Vox, su hasta ahora aliado fiel. En ese comunicado, el grupo de Vox ha «denunciado la gravedad extrema de los hechos conocidos tras la comparecencia del alcalde», a su juicio «un asunto que ha generado una profunda desconfianza entre los alicantinos hacia sus instituciones». No se trata de «un asunto menor» y consideran «acreditados hechos de especial relevancia política«, como la participación material de una exconcejala del gobierno municipal en procedimientos relacionados con una promoción de viviendas de la que era cooperativista. Además, su asistencia y voto en una Junta de Gobierno Local en la que se modificó el contrato de la cooperativa, pese a su vinculación directa con la misma. Vox ha detallado que no había constancia de dicha participación de la concejal y de la deuda asociada en su declaración de bienes, pese a la obligación legal de declararlo. También han revelado «la contradicción entre las fechas en las que el Ayuntamiento afirmó tener conocimiento de las escrituras y la documentación que acredita que estas ya obraban en poder municipal desde meses antes». O la aparición de « informes internos sin fecha ni firma, con contenidos contradictorios», así como la «ausencia de un sistema eficaz de cruce de datos para detectar y prevenir conflictos de intereses». En definitiva, se ha «evidenciado una grave falta de control, vigilancia y transparencia por parte del alcalde, que como máximo responsable del gobierno municipal tenía la obligación de velar por el correcto funcionamiento de la institución y por los intereses generales de los alicantinos». En consecuencia, en Vox concluyen que en este caso solo caben dos posibilidades: o el alcalde no se enteró de lo que estaba ocurriendo, o no quiso enterarse. «En ambos supuestos, ha incumplido su deber de vigilancia y ha fallado a los alicantinos», subrayan. En el ámbito autonómico, el grupo parlamentario de este partido -también aliado de los populares en el Gobierno de la Generalitat- ha registrado una propuesta en las Cortes Valencianas para crear una comisión de investigación para esclarecer todas las posibles responsabilidades políticas y administrativas derivadas de este caso, así como para analizar los mecanismos de control existentes y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Y no circunscriben este iniciativa fiscalizadora a la promoción de 140 viviendas en Les Naus, en Playa de San Juan, sino a «todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo». De esta manera, Vox se suma a Compromís y el PSPV-PSOE , que esta misma semana presentaron ya en Les Corts sendas iniciativas para instar a la creación de una comisión de investigación. Ambos registraron sus respectivas peticiones para «depurar responsabilidades políticas» ante este «escándalo». Todo ello, a raíz de la polémica por las viviendas de protección pública al trascender que la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de las mismas. Además del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez, al haberse beneficiado a la madre de sus dos hijas. En la iniciativa que suscriben el síndic de Vox, José Mª Llanos y el portavoz adjunto Miguel Pascual, registrada este jueves, la formación plantea que la composición del citado foro sea la misma que las comisiones permanentes legislativas recogidas en el artículo 45 del reglamento de Les Corts. Además, Vox plantea en su propuesta que la comisión se constituirá una vez aprobada la propuesta en el Pleno de Les Corts, dentro de los 15 días naturales siguientes, y, una vez creada, «analizando las propuestas de los grupos parlamentarios con representación, aprobará un plan de trabajo y su correspondiente calendario ». También señala que la comisión podrá acordar, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la cámara y el ordenamiento jurídico aplicable a las materias objeto de la misma, «la solicitud de informes y documentación a las administraciones públicas, centros de investigación, universidades, corporaciones de derecho público y partes interesadas». Y fija que la comisión «elaborará, en un plazo de 12 meses como máximo, un dictamen con las conclusiones que, tras su aprobación, se elevará al pleno» de Les Corts Valencianes.



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus
















Музыкальные новости




























Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса