Cerca de 40 familias de Ate denuncian riesgo de desalojo por obra de la Municipalidad de Lima
La ampliación de la Carretera Central, a la altura del kilómetro 6.5 de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate, ha desatado una fuerte preocupación entre varios vecinos que habitan la zona desde hace más de cinco décadas. Denuncian que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con la Municipalidad de Ate, pretende demoler viviendas y locales comerciales formalmente inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), sin seguir un procedimiento de expropiación conforme a ley.
Según los denunciantes, los lotes fueron adquiridos en 1975 y registrados en 1977, incluyendo la declaratoria de fábrica en el mismo año, lo que afirman consolida su condición de propiedad privada antes de cualquier normativa posterior. En total, se trata de un lugar global de aproximadamente 3.700 metros cuadrados donde se levantan casas de cuatro y cinco pisos, negocios, dos notarías y un grifo.
Juan, uno de los afectados, señaló que la incertidumbre se agravó tras recibir notificaciones municipales que advierten sobre la demolición de las estructuras y la imposición de multas de hasta 22,000 soles por supuesta ocupación de vía pública. “Nos dicen que estamos construyendo en espacio estatal, pero nuestros títulos están inscritos y no tienen ninguna carga ni afectación”, sostuvo.
Cuestionamientos legales al procedimiento municipal
En un comunicado difundido por los manifestantes, estos cuestionan que las municipalidades invoquen el artículo 65 de la Ley 30230, norma que autoriza la recuperación extrajudicial de bienes de local estatal. Según explican, dicha ley no sería aplicable a predios privados con derechos inscritos, tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional.
Los residentes señalan que, de acuerdo con la Constitución, la tierra privada es inviolable y que cualquier privación solo puede realizarse mediante un proceso de expropiación aprobado por ley del Congreso, con valorización del bien y pago previo del justiprecio. En ese sentido, advierten que no han recibido ninguna notificación relacionada con expropiación ni compensación económica.
Cambio del proyecto y temor por mayor impacto
Otro aspecto que genera inquietud es la modificación del proyecto vial. De acuerdo con los moradores, la ampliación inicialmente contemplaba menos carriles; sin embargo, recientemente se ha anunciado que la vía pasaría a tener hasta once carriles, cinco con dirección a Lima y seis hacia Chosica. Este cambio incrementaría el impacto sobre las viviendas colindantes.
Además, los afectados recuerdan que el Plan Vial Metropolitano aprobado por la Ordenanza 341 en 2001 establece que las ampliaciones de vías no deben afectar zonas consolidadas con anterioridad a su vigencia. “Nosotros estamos inscritos desde 1977, por lo que no puede ser desconocida por una norma posterior”, indica el comunicado.
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Denuncias de presión y amedrentamiento
Ellos también denuncian un clima constante de presión. Relatan que inspectores municipales han acudido a la zona anunciando demoliciones en plazos cortos, midiendo los lotes y solicitando el retiro de pertenencias, pese a tratarse de un lugar privado. Asimismo, aseguran que vehículos con altoparlantes recorren la cuadra advirtiendo sobre la ejecución de la obra, lo que ha generado temor entre familias con niños pequeños, adultos mayores y personas vulnerables.
Juan indicó que estas acciones han afectado gravemente la tranquilidad de la cuadra. “Vivimos con miedo de que entren con maquinaria pesada en cualquier momento. No estamos en contra de las obras, pero exigimos que se respete la ley”, expresó.
Pedido de intervención y transparencia
Ante esta situación, los vecinos han acudido al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, solicitando la suspensión de cualquier acción que vulnere su derecho. Asimismo, piden que las autoridades brinden información clara y revisen la documentación registral antes de continuar con la obra.
Los residentes esperan que su caso sea conocido por la opinión pública y que se garantice el respeto al Estado de derecho. “No pedimos privilegios, solo que se cumpla la ley”, concluyó Juan.
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