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Así cazaron al árbitro asturiano acusado de violar a una prostituta

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El fútbol español sigue conmocionado por la noticia del árbitro de Segunda División investigado por una presunta agresión sexual a una prostituta en Gijón. Tras conocer la noticia, [[LINK:INTERNO|||Article|||698a42061b4db0e429f6f510|||la RFEF actuó de inmediato «suspendiendo de toda actividad»]] y de forma inmediata al colegiado, que fue detenido y puesto en libertad a la espera de que continúe la investigación.

Un móvil y una cámara lo delataron

Un escándalo del que ahora se conocen nuevos datos. Según ha desvelado La Nueva España, el árbitro fue identificado gracias a su teléfono móvil. Concretamente, porque la prostituta en cuestión, durante su denuncia, le facilitó a la Policía el número de teléfono desde que el presunto agresor había contactado con ella. Y posteriormente también identificó al colegiado arbitral en una fotografía.

Asimismo, el colegiado fue delatado por una cámara de seguridad. El Comercio ha desvelado que el árbitro negó por completo haber estado en la vivienda de la prostituta en la que ésta sostiene que sucedieron los hechos, pero las cámaras de seguridad del portal de la vivienda captaron cómo entraba en el mismo.

La mujer denunció haber sufrido una agresión sexual, unos hechos que, presuntamente, habrían sucedido en Gijón, en un domicilio del barrio de El Llano. El árbitro asturiano fue detenido acusado de una presunta agresión sexual cometida contra una mujer que ejercía la prostitución. La información, ha sacudido tanto al ámbito deportivo como al judicial por la gravedad de los hechos y por el perfil del investigado, colegiado en el fútbol profesional y con actividad arbitral reconocida.

Se hizo pasar por policía

Según las diligencias conocidas y adelantadas por El Comercio, la víctima es una prostituta que podría encontrarse en situación administrativa irregular en España. Ese elemento resulta clave en el desarrollo de los hechos, ya que el acusado habría utilizado esa circunstancia como herramienta de presión y amenaza. La investigación sostiene que el árbitro simuló ser agente de la Policía Nacional para coaccionar a la mujer y forzarla a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Los hechos se remontan a un encuentro concertado en Gijón. El detenido habría contratado previamente los servicios de la mujer y acordado con ella un lugar concreto para verse. Hasta ese punto, la secuencia no se aparta del marco habitual de este tipo de transacciones. Sin embargo, una vez en el lugar previamente pactado, la situación habría derivado en una presunta agresión sexual. Siempre según la versión policial, el hombre mantuvo relaciones sexuales y posteriormente no abonó el importe del servicio contratado.

El elemento central de la acusación es el uso de amenazas y de una falsa autoridad policial para someter a la mujer. El investigado habría advertido a la víctima de que podía abrirle una investigación policial por su situación irregular en el país. En ese contexto, llegó incluso a exhibir una placa de la Policía Nacional, reforzando así la apariencia de estar ejerciendo funciones públicas que no le correspondían.




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