El agua también debe redistribuirse
España arrastra desde hace décadas –en realidad, desde hace más de siglo y medio– una anomalía política, económica y social que ya no se puede seguir justificando. Se trata de la incapacidad de articular un Plan Hidrológico Nacional serio, estable y técnicamente coherente, que permita llevar agua desde las cuencas excedentarias a las deficitarias.
Y no estamos hablando de una cuestión menor. Estamos hablando de un factor que condiciona la vida, la actividad productiva y el futuro de amplias zonas del país, porque en España hay un problema evidente: el agua está mal distribuida, tanto por razones naturales como por la ausencia de decisiones políticas.
La situación es sencilla de explicar: hay territorios donde, por régimen de lluvias y caudales, se dispone de agua suficiente, y otros donde el agua es escasa de forma estructural. La pregunta, por tanto, no es si hay agua o no hay agua. La pregunta es: ¿cómo puede ser que, en un país moderno, con capacidad técnica, infraestructuras y conocimiento, se acepte que unas regiones tengan excedentes y otras sufran déficit crónico?
España lleva más de un siglo discutiendo este asunto. Ha habido propuestas, estudios, comisiones, proyectos y planes. Y, sin embargo, una y otra vez, se ha retrocedido. El último intento serio fue el plan aprobado por Aznar, que fue derogado por Zapatero en cuanto llegó al poder, impidiendo su puesta en marcha.
Se ha convertido el agua en un instrumento de confrontación territorial, en lugar de tratarla como lo que realmente es: un recurso estratégico nacional, esencial para el bienestar, la producción y la cohesión. Es difícil encontrar un ejemplo más claro de cómo la falta de visión a largo plazo y el cortoplacismo electoral pueden impedir decisiones necesarias. España no puede permitirse que el agua se gestione con criterios partidistas. La gestión del agua exige planificación, continuidad y rigor. La parte más seca de España necesita agua para vivir, para mantener su tejido productivo y para sostener su actividad agrícola. Y aquí conviene subrayar algo que en ocasiones se tergiversa deliberadamente: la agricultura española, especialmente en las zonas más secas, es extraordinariamente eficiente en el uso del agua.
Gracias a la modernización del regadío, al riego por goteo, a la tecnología, al control de consumos y a la profesionalización del sector, España ha desarrollado una agricultura competitiva. Sin embargo, esa agricultura se enfrenta a un problema creciente: la escasez.
El agua está mal distribuida por razones naturales y por la ausencia de decisiones políticas
En España existe solidaridad interregional. Se redistribuye renta entre territorios mediante el sistema fiscal. Se transfieren recursos desde las regiones con mayor capacidad económica a las regiones con menor renta, con el objetivo de garantizar servicios públicos básicos y cohesión social, y, con independencia de los debates sobre su diseño, nadie en su sano juicio defendería que esa redistribución se eliminase. Pues bien, si la renta se redistribuye, el agua también debe compartirse.
No es coherente aceptar la solidaridad fiscal y negar la solidaridad hídrica. No es coherente sostener que unas regiones deben contribuir al sostenimiento de otras, pero que el agua –un recurso esencial– no pueda circular para garantizar vida y actividad económica. El agua no es patrimonio político de un territorio. Es un recurso nacional que debe gestionarse con criterios de eficiencia y de cohesión. Sin una política de transvases y aprovechamiento, se pierde una parte relevante del agua, que termina desembocando en el mar sin uso productivo, sin aprovechamiento social y sin contribuir a reducir el déficit hídrico de otras cuencas. Esto no significa «vaciar ríos» o actuar sin criterios ecológicos. Significa que, cuando hay excedentes, deben existir infraestructuras que permitan gestionar esos excedentes de forma racional. En un país con sequías recurrentes, renunciar a esa posibilidad es un sinsentido.
El Plan Hidrológico Nacional no debe entenderse como un ataque a unas regiones ni como una imposición. Debe entenderse como una política de Estado. Un plan nacional permite: asegurar abastecimiento humano en las zonas deficitarias; garantizar estabilidad a la agricultura eficiente; reducir desigualdades territoriales; disminuir conflictos políticos recurrentes; aprovechar excedentes que hoy se pierden; y planificar infraestructuras con continuidad.
La sequía no es nueva. La irregularidad climática tampoco. Lo nuevo es la irresponsabilidad de seguir sin una respuesta estructural. España necesita, con urgencia, un Plan Hidrológico Nacional que permita articular transvases desde las cuencas excedentarias a las deficitarias. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de racionalidad económica, de justicia territorial y de sentido común.