Venezuela aprueba una ley de Amnistía para todos los presos políticos desde 1999

En una sesión histórica, los diputados del gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela han aprobado por unanimidad los 16 artículos de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión de los 19 diputados logró armar un articulado por consenso que se presentó a la plenaria de los 285 diputados para su segunda discusión. La sesión comenzó con dos horas de retraso y duró, exactamente, 99 minutos. 

El texto legal se basa en valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que integran el “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

La ley incluye los episodios de violencia por motivos políticos ocurridos en febrero, marzo y en agosto de 2004; en mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo al finalizar: “Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento”. 

Se establecieron “salvaguardas claras sobre los delitos que serán excluidos del instrumento legal, a saber: las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

En medio del debate, Rodríguez dejó colar un anuncio que era petición de las ONG. Aunque no satisface por completo la demanda, dijo que la Ley contra el Odio, que sanciona hasta mensajes publicados en redes sociales será reformada, pues admitió que, en algunos casos, no había sido usada “de forma adecuada”.

Antes de ser aprobada, el gobierno venezolano informó que entre noviembre de 2025 e inicios del presente mes han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la violencia política o tras haber sido halladas culpables de tales acciones. De acuerdo con la ONG Foro Penal, sin embargo, quedan 644 presos políticos en el país, tras más de 406 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Un punto de honor para los opositores era que se creara un mecanismo para hacerle seguimiento a los casos especiales y al funcionamiento del articulado. En la disposición final se establece la creación de una comisión integrada por 23 diputados.

El presidente de la Asamblea Nacional designó una comisión de parlamentarios para entregarle la recién sancionada ley a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigor.

En el documento se establece que el instrumento tiene por finalidad “conceder una amnistía general y plena” a las personas “procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026”.

Los hechos que se toman en cuenta en ese lapso son: Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas; los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.

Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares “darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos” referidos. Igualmente, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

La búsqueda de un cierre al conflicto

Aunque muchas personas creen ciegamente que detrás del impulso de la amnistía está el Gobierno de Donald Trump, diversas fuentes de la Comisión de Consulta de la Ley, tanto chavistas como opositores, aseguraron que la iniciativa provino del chavismo. ¿Por qué? “Necesitan acuerdos con la oposición democrática porque la soberanía del país está comprometida”, dijo uno.

Tanto es así que un alto funcionario del gobierno afirmó tajante: “Es un intento real de reconciliación después del horror del 3 de enero”.

Para el politólogo y profesor universitario, Ricardo Sucre, la aprobación la Ley de Amnistía representa mucho más que un trámite legislativo: simboliza el cierre de una etapa marcada por la violencia política y una confrontación que no logró mejorar la calidad de vida de la población. Venezuela ha consumido dos décadas en un conflicto “intratable”, caracterizado por la hiperinflación, la migración masiva y la represión. “El ciudadano espera con ansia el fin de este antagonismo para definir un marco de convivencia que permita el funcionamiento de las instituciones y alivie el clima de miedo”, afirmó.

Enfatizó que el bombardeo norteamericano el pasado 3 de enero marcó un punto de inflexión. A su juicio, la oposición de derecha que representa y acompaña a María Corina Machado, siempre buscó que el chavismo terminara en “capitulación” o un proceso similar a los Juicios de Núremberg. En cambio, los actores políticos actuales parecen haber tomado conciencia de la necesidad de coexistir.

Este cambio de posición alcanzaría incluso a la cúpula del chavismo. Sucre sostiene que el oficialismo ha reflexionado tras incidentes que percibieron como amenazas directas a su seguridad personal. Dijo que las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre las liberaciones, y su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha llegado a mencionar el concepto de “garantías para los perdedores”, sugieren una aceptación de la realidad política actual. El escenario post 3 de enero deja claro que el gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto“, sentenció.