Paz mediante la fuerza: ¿Constituye guerra el ataque de Trump a Irán?

Gran parte de la retórica impulsada por el miedo y la beligerancia en redes sociales sostiene que los ataques coordinados con misiles del presidente Trump, junto con Israel, contra objetivos iraníes significan que ha “declarado la guerra” oficialmente. La condena es ruidosa y proviene, de manera notable, de muchos de los mismos demócratas que aplaudieron acciones militares similares bajo los presidentes Biden, Obama y Clinton.

Al mismo tiempo, numerosos republicanos, e incluso algunos demócratas como el senador John Fetterman, han expresado su apoyo a la acción.

Pero la indignación en redes sociales no reescribe la Constitución. La verdadera pregunta sigue siendo: ¿un ataque selectivo con misiles significa automáticamente que Estados Unidos está oficialmente en guerra con Irán?

En realidad, no.

Los ataques selectivos con misiles por sí solos no constituyen una guerra declarada constitucionalmente. Según el Artículo I, Sección 8, Cláusula 11, la facultad de declarar la guerra recae específicamente en el Congreso, y la última vez que el Congreso ejerció formalmente esa autoridad fue durante la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo, el Artículo II, Sección 2 establece que el presidente “será el Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de los Estados Unidos”. Esa autoridad nunca ha requerido una declaración formal previa para dirigir operaciones militares limitadas.

Desde los primeros días de la República, la Corte Suprema reconoció que Estados Unidos podía participar en hostilidades sin que existiera una guerra declarada. En Bas v. Tingy (1800), el tribunal describió la Cuasi-Guerra con Francia como un conflicto limitado autorizado sin una declaración formal completa. La Constitución reconoce matices y gradaciones. No todo uso de la fuerza equivale a una guerra total.

El precedente moderno refuerza esa realidad. En 1950, el presidente Truman comprometió fuerzas estadounidenses en Corea sin una declaración de guerra, calificándolo como una “acción policial”. El Congreso financió el conflicto, pero nunca declaró la guerra. Desde entonces, presidentes de ambos partidos han introducido fuerzas en hostilidades en Vietnam, Kosovo, Libia, Siria, Irak y Yemen sin declaraciones formales. Constitucionalmente, no fueron tratados como guerras recién declaradas. Ese sigue siendo el marco legal hoy.

En ausencia de una declaración formal de guerra contra Irán, la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 rige la acción del Ejecutivo. Aprobada después de Vietnam, fue diseñada para reafirmar la autoridad del Congreso sin eliminar la capacidad del presidente de responder a amenazas. No prohíbe ataques limitados. Exige consulta con el Congreso “en toda instancia posible”, un informe dentro de 48 horas tras introducir fuerzas en hostilidades y la terminación dentro de 60 días, a menos que el Congreso autorice su continuación, con un período adicional de 30 días para la retirada.

En este caso, el secretario de Estado Marco Rubio informó previamente al llamado “Grupo de los Ocho”, según confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y miembros del Congreso, incluido el senador John Fetterman. Ese informe constituye una salvaguarda constitucional clave. Refleja coordinación con el liderazgo congresional, no un intento de eludirlo.

El marco de la Ley de Poderes de Guerra establece un “reloj constitucional”, no una prohibición automática. Mientras se cumplan los requisitos de consulta e informe —como ocurrió— las operaciones pueden continuar, salvo que el Congreso vote afirmativamente para restringirlas. Así funciona la separación de poderes según fue diseñada.

Los tribunales han analizado la autoridad presidencial en materia de guerra bajo el marco articulado por el juez Robert Jackson en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, donde el poder ejecutivo es más fuerte cuando cuenta con apoyo del Congreso y más débil cuando actúa contra su voluntad expresa. En el panorama posterior al 11 de septiembre, en el que el Congreso aprobó autorizaciones para el uso de la fuerza militar (AUMF) y no ha prohibido el uso de la fuerza contra Irán, el Ejecutivo opera dentro de una zona de autoridad compartida de larga data, no en desafío al Congreso.

Después del 11 de septiembre, el Congreso aprobó la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001 (AUMF), facultando al presidente a emplear “toda la fuerza necesaria y apropiada” contra los responsables de los ataques y fuerzas asociadas. En 2002, el Congreso autorizó el uso de la fuerza para defender los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos frente a la amenaza persistente representada por Irak. Fueron concesiones amplias de autoridad diseñadas para enfrentar amenazas terroristas en evolución.

Durante más de dos décadas, los presidentes Bush, Obama, Trump y Biden han recurrido a estas autorizaciones en operaciones antiterroristas en múltiples frentes. El Congreso ha tenido repetidas oportunidades de derogarlas o limitarlas y ha optado por no hacerlo. No se trata de una doctrina exclusivamente atribuible a Trump. Es la arquitectura legal que el propio Congreso construyó tras el 11 de septiembre, y sigue vigente.

¿Por qué es tan relevante Irán hoy, décadas después del 11 de septiembre?

Porque Irán sigue oficialmente designado por el Departamento de Estado como patrocinador del terrorismo. Continúa desarrollando capacidades nucleares avanzadas pese a acuerdos previos destinados a frenar esa trayectoria, y ha cometido graves violaciones de derechos humanos contra sus propios ciudadanos —matando, encarcelando y torturando a miles por protestar pacíficamente o por convertirse a otra religión.

Sus líderes y grupos afiliados han coreado “Muerte a América”, tomado rehenes estadounidenses, asesinado ciudadanos estadounidenses y entrenado, armado y financiado organizaciones terroristas. Irán ha apoyado materialmente a grupos como Hamás, los hutíes, Hezbolá y otras redes militantes que atacan intereses estadounidenses y aliados regionales. A través de estas estructuras proxy, extiende su influencia más allá de sus fronteras mientras se protege de la rendición de cuentas directa.

Estas amenazas no se limitan a una región. Funcionarios estadounidenses han advertido sobre intentos iraníes de interferencia electoral y complots contra funcionarios estadounidenses. Dado ese patrón sostenido de hostilidad, confrontar a un régimen que continúa actuando de mala fe no es irracional ni inédito.

La diplomacia requiere reciprocidad. Cuando la mala fe se vuelve sistémica, la disuasión pasa a formar parte de la ecuación.

Estar o no de acuerdo con el juicio estratégico del presidente Trump es, en última instancia, un debate de política pública. Desde el punto de vista constitucional, sin embargo, el precedente es claro: un ataque selectivo no equivale a una declaración formal de guerra. El Congreso conserva la autoridad para declarar la guerra, autorizar el uso de la fuerza, restringir la financiación o poner fin a las operaciones si considera que el Ejecutivo ha excedido sus límites.

Dentro de la estructura constitucional que ha regido al país desde la Segunda Guerra Mundial —y dentro del marco legal posterior al 11 de septiembre que el propio Congreso construyó— existe un precedente claro para acciones militares limitadas sin una guerra declarada. Calificar cada ataque selectivo como un acto de guerra inconstitucional ignora tanto la historia como la estructura constitucional y refleja, en cambio, un impulso político de atacar a este presidente independientemente de las realidades legales.

Fuerza versus apaciguamiento siempre ha sido una elección definitoria en política exterior. El presidente Trump eligió la fuerza. Eligió la disuasión sobre la demora, la claridad sobre la ambigüedad y la acción sobre la parálisis —todo dentro de las autoridades constitucionales que le confiere su rol de Comandante en Jefe. Eso no es imprudencia. Es liderazgo dentro de los límites de la ley.

La paz a través de la fuerza es una doctrina de disuasión basada en la creencia de que los adversarios son menos propensos a desafiar a una nación que demuestra determinación. Al actuar con decisión y permanecer dentro del marco constitucional, el presidente Trump reafirmó que el liderazgo estadounidense no requiere una declaración formal de guerra para defender sus intereses —requiere el coraje de ejercer la autoridad legal cuando sea necesario. Y que Estados Unidos nunca encontrará terreno común ni negociará con terroristas.