El Defensor del Pueblo alerta de fallos estructurales en sanidad como el acceso al SNS, las listas de espera y la falta de médicos

El Defensor del Pueblo muestra nuevamente un sistema sanitario tensionado por las dificultades de acceso al Sistema Nacional de Salud, las demoras en consultas, pruebas e intervenciones, y la falta de médicos en ámbitos clave como la Atención Primaria, la salud mental y las prisiones, según se desprende del Informe anual de la actividad de la institución en 2025, que ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados.

En el ámbito de sanidad, que ha supuesto un años más el 4 por ciento de las quejas totales recibidas, la sobrecarga de demanda asistencial no cubierta ocupa un área con importante representación, ya que "el incremento de las listas de espera en muchos servicios hospitalarios y de la atención sanitaria especializada, continúa siendo uno de los problemas de más impacto para el conjunto del sistema sanitario y que provoca un mayor grado de insatisfacción en los pacientes".

En este caso por sus fallos en la gestión o redistribución de profesionales y vincula el aumento de las listas de espera (consultas externas, pruebas diagnósticas y cirugía) con el aumento de bajas laborales prolongadas, lo que convierte el problema en algo que afecta no solo a la salud, sino también al mercado de trabajo y a la protección social

En cuanto a la complejidad de la regulación de los requisitos y las condiciones para el reconocimiento y ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria, con cargo a fondos públicos. El Defensor ve necesario que las administraciones competentes, en los centros sanitarios o en los servicios de información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, "intensifiquen la labor de orientación sobre las condiciones en que cabe reconocer este derecho".

Precisamente, en la tramitación de algunas quejas por denegación de la asistencia sanitaria, en las que no se había tenido en cuenta debidamente el reconocimiento previo del derecho de asilo de los solicitantes, se puso de manifiesto que se había debido a una falta de entendimiento o información sobre los trámites a realizar por parte del personal del centro de salud.

En 2025 esta institución, que dirige Ángel Gabilondo, tramitó también varias quejas relacionadas con los procesos de facturación de la asistencia sanitaria, tramitados por los centros hospitalarios públicos, cuando el pago de la atención recibida podría corresponder a un tercero, o cuando la persona atendida no tiene reconocido el derecho a la asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud. En uno de los expedientes tramitados se puso de manifiesto el error que se había producido, rectificando la Administración el proceso de facturación iniciado.

Además, se gestionaron nuevas quejas referidas, básicamente, a los límites de edad contemplados para el acceso al tratamiento de reproducción asistida en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

En 2025, el Defensor del Pueblo continuó recibiendo comunicaciones de algunas administraciones sobre la necesidad de garantizar en mejores condiciones la continuidad asistencial de los pacientes más vulnerables cuando se produce la vacante de su profesional de atención primaria por un período prolongado o indefinido.

"El objetivo es que se refuerce la continuidad de esa atención (el llamado principio de longitudinalidad), siempre que sea posible, a cargo de un profesional de referencia", advierten el informe, que destaca la tramitación de un expediente sobre la cobertura ante la situación de incapacidad temporal de algunos pediatras de centros de salud, y quejas con motivo de determinadas limitaciones que afectaban a centros y consultorios del ámbito rural.

Además, el Defensor del Pueblo constató problemas de comunicación entre los distintos niveles asistenciales con motivo de la comunicación de resultados de una prueba diagnóstica al médico de familia de un paciente, o de la derivación a consulta de atención especializada. "Estos desajustes interfieren negativamente en la continuidad asistencial", advierte.

El Defensor del Pueblo ha venido advirtiendo en informes anteriores de la necesidad de establecer una planificación "más eficiente" de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud que redunde en la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios, en lo que incide la adecuada programación de los procesos de acceso al empleo público y la planificación orientada a su idóneo dimensionamiento, distribución y estabilidad.

La necesidad de concluir los procesos selectivos para reducir el alto índice de precariedad en el empleo en la sanidad, conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, repercute a su vez en otras convocatorias de provisión, como las de traslados, sujetas, además, a la falta de periodicidad en todas las categorías estatutarias.

En los que respecta a Salud Mental señala diferentes actuaciones en distintas CCAA, sacando en conclusión que la escasez de personal de psicología clínica responde a la falta de disponibilidad de especialistas en salud mental que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud. Así recuerda que "el incremento de bajas prolongadas relacionadas con la salud mental no puede desligarse de los problemas persistentes para dotar debidamente a las plantillas de profesionales de esta especialidad".

El Defensor del Pueblo alerta de que 15 macrocárceles, que concentran alrededor del 30% de la población reclusa, funcionan con plantillas médicas muy por debajo de lo previsto, lo que deja días y noches sin médico y traslada funciones clínicas al personal de enfermería que, advierte, "consideran que tienen que hacer funciones que no les corresponden (prescripción de medicación, partes de lesiones, aplicación de aislamientos)".

"Es habitual que las relaciones de puestos de trabajo de estos grandes centros prevean la dotación de entre ocho y diez médicos. No todos los centros tienen cubierta la plaza de subdirector médico. En algunos de ellos únicamente se dispone de médicos contratados que trabajan en turnos de 24 horas y descansan dos o tres días, de modo que uno o dos días a la semana y unas tres noches a la semana no hay médico. Entonces se cubren con telemedicina dos días a la semana", explica.

Los centros hacen una previsión mensual y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias indica los días que podrán hacer uso de ese servicio. En este sentido, señala que la telemedicina es un recurso condicionado especialmente por el régimen penitenciario. También denuncia que se pierden citas con el Sistema Nacional de Salud por problemas en las conducciones, pide distinguir las salidas médicas urgentes y reclama mejores infraestructuras y un registro sistemático de intoxicaciones por drogas para proteger la salud de los internos.