El Consejo de Estado rechaza el nuevo registro horario de Yolanda Díaz por el coste para las pymes y defectos de tramitación
La falta de adecuación por sectores del nuevo registro horario, la carga extra que va a suponer para las pymes, así como que el proyecto se quiera aprobar vía real decreto y no con una norma con rango de ley ha llevado al Consejo de Estado a emitir un dictamen desfavorable contra la reforma del registro horario impulsada por Yolanda Díaz, con la que pretende modificar el control de las horas de trabajo para evitar que se manipulen y para que la Inspección pueda hacer comprobaciones en remoto y que se pueda aplicar en diferido una reducción de la jornada laboral encubierta, que ya fue tumbada por el Congreso.
Tras poco más de un mes en manos de los expertos del Consejo de Estado, este proyecto de real decreto del registro horario ha sido desestimado. En concreto, este órgano considera que "no se cumplen las circunstancias para que la norma se tramite por la vía de urgencia", además de que el desarrollo reglamentario "puede no ajustarse a la Ley", lo que puede traducirse en defectos de forma e incluso "fraude de ley", según han explicado a LA RAZÓN fuentes especializadas. "La declaración de urgencia en este expediente no está adecuadamente justificada, por lo que requiere una más amplia tramitación", afirma el dictamen. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, sí que suelen ser determinantes para seguir adelante con la tramitación, sobre todo cuando su examen es tan contundente.
Además, señala que la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo ha sido criticada por los ministerios de Economía y de Función Pública en varios elementos del proyecto, y que las obligaciones que conlleva la aplicación de este real decreto para las pymes les puede suponer un coste extra de casi 868 millones de euros, como recoge el informe sobre la cifra ofrecida por el propio ministerio relacionada con el coste del programa, "aunque los participantes en el trámite de audiencia entienden que el coste es muy superior" -cita el dictamen-, y eso "sin tener en cuenta la implementación, la formación de los trabajadores y el mantenimiento". El dictamen incluye también entre los documentos aportados un informe desfavorable de la Agencia Española de Protección de Datos, que estima que no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia.
Fuentes del Ministerio de Trabajo ven "incomprensible" la decisión del Consejo de Estado y no entienden que se haya situado "en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extraordinarias como corresponde". Asimismo,
recuerdan que el refuerzo del control horario es una medida que forma parte del acuerdo de Gobierno de coalición firmado en 2023, por lo que "cuestionarla es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar. La reducción de la jornada no sólo es socialmente necesaria, sino económicamente viable y respaldada por la evidencia internacional. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a seguir defendiendo con firmeza una reforma que mejora la vida de los y las trabajadoras de nuestro país y moderniza de verdad nuestro mercado laboral".
Trabajo insiste en que este dictamen "no es vinculante" y ha confirmado a este periódico que seguirá adelante con la tramitación como proyecto de real decreto y no como una norma con rango de ley, después de que el pasado 30 de septiembre lo aprobara el Consejo de Ministros por tramitación urgente, decisión criticada y rechazada ahora por el Consejo de Estado. desde Trabajo insisten en que "queremos que el registro horario sea digital y objetivo y verificable en tiempo real, que sean los trabajadores los que realicen los apuntes, y que se registren todos los tipos de jornada (ordinarias, extraordinarias, flexibles y horas complementarias en el tiempo parcial), todo ello para saber si se cumplen los límites de jornada y los descansos mínimos".
Por su parte, CC OO y UGT también han mostrado su rechazo al dictamen, al entender que el informe del órgano consultivo "introduce serias dudas y obstáculos en un ámbito donde lo verdaderamente urgente no es cuestionar la norma, sino garantizar el cumplimiento efectivo de la ley". Ambos sindicatos instan al Gobierno a seguir adelante con la reforma del registro de jornada, "reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real. El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico", advierten los sindicatos en un comunicado conjunto.
Ambos sindicatos señalan que, pese a que el Consejo de Estado reconoce la persistencia de incumplimientos "masivos" en materia de jornada y horas extraordinarias y su impacto en la precarización laboral y en la financiación del sistema de protección social, su dictamen "parece desviar el foco de lo esencial. Lo que debería preocuparle no es el instrumento, sino el incumplimiento de la ley. Resulta incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud, se introduzcan cautelas que pueden terminar amparando zonas de impunidad, cuando el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado"