Catalá pasa la pelota del topónimo 'València' a Pérez Llorca: desoye el criterio científico de la AVL para que decida la Generalitat

El Ayuntamiento de València desoye a la Acadèmia Valenciana de la Llengua e impondrá en el pleno la denominación 'Valéncia/Valencia'. El Ejecutivo capitaneado por María José Catalá lleva este martes al pleno de marzo una doble petición: plantear alegaciones al informe del ente estatutario —la autoridad en materia lingüística— y pedir la denominación bilingüe con el acento cerrado, contra el criterio de los filólogos.

Según la propuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, junto al informe de alegaciones se plantea que se reclame mantener la denominación bilingüe. La propuesta de resolución, firmada este mismo lunes, plantea que además de presentar el informe de alegaciones “En todo caso, se solicita que se mantenga la doble denominación” y se pide que se remita el acuerdo a la Generalitat.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha reclamado introducir este punto en el pleno de manera extraordinaria tras recibir el informe de alegaciones del académico Abelard Saragossà, que difiere del criterio del órgano estatutario. Si todo va según lo previsto, la mayoría de PP y Vox aprobarán la moción, que eleva la petición a la Generalitat. Es la administración autonómica la encargada de aprobar los cambios de denominación, a través de un procedimiento instruido por la Dirección General de Administración Local que culmina con un decreto del Consell.

El gobierno de Catalá lleva meses insistiendo en cambiar el topónimo para revertir la decisión de la izquierda, que bajo el mandato de Joan Ribó impulsó la denominación 'València', que sí era acorde al criterio filológico. Tras la propuesta de PP y Vox, la AVL emitió un informe en el que dictamina que la denominación adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València y apunta que el Ayuntamiento no ha aportado “ningún argumento” que justifique la forma en castellano y la denominación bilingüe del topónimo.

De seguir adelante con el cambio en el topónimo y aprobarse, la Generalitat podría incurrir en prevaricación administrativa, según apuntan fuentes académicas: los informes del organismo, que ha rechazado esta medida, son vinculantes. La responsabilidad se traslada al Ejecutivo autonómico al ser quien apruebe el decreto; el pleno municipal tan solo eleva la propuesta con sus alegaciones.

La Generalitat Valenciana recoge que los cambios de topónimo deben contar con un informe, preceptivo y vinculante, en el que la AVL podrá proponer alternativas “que considere más adecuada técnica e históricamente o advertir si hay incorrecciones lingüísticas”. En el caso de emitirse informe desfavorable por parte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o del ministerio, se dará traslado a la entidad local interesada para que emita alegaciones en el plazo de un mes, como así ha sido.

Las alegaciones del Ayuntamiento

El académico Abelard Saragossà es autor del informe que pretende aprobar la denominación con acento cerrado. El filólogo también es el responsable de presentar las alegaciones del consistorio la AVL y mantiene su criterio, que señala que la ciudad se pronuncia con la 'e' cerrada y no abierta.

Saragossà llega a hacer un análisis jurídico del informe lingüístico: el documento oficial de la Academia, dice, difiere de la legalidad que han establecido las Corts Valencianes “un ayuntamiento puede elegir una forma secundaria para el nombre de la población”. Y añade: “Toda institución democrática puede tomar decisiones dudosas o erróneas. Pero el respeto y la lealtad entre instituciones valencianas pide considerar las causas que han impulsado las Corts Valencianes a establecer dicha legalidad. En cambio, el documento oficial de la Academia no cumple esa obligación (que es, a la vez, científica y social): habla sin exponer y analizar los motivos que han tenido las Corts Valencianes para dar el derecho en un nombre secundario”, apunta.