¿Votar por el Pacto Corrupto?, por Diego García-Sayán
El Perú termina este proceso electoral en medio de una crisis que ya no admite eufemismos: el Estado ha sido capturado desde el Congreso por una coalición de intereses corruptos, delincuenciales. Que legisla para sí misma y para favorecer los intereses del crimen organizado.
En los últimos años se ha consolidado un verdadero pacto mafioso: convergencia de partidos y operadores que, más allá de sus diferencias, coinciden en asegurarse impunidad, bloquear reformas y mantener el control del poder.
Desde el Congreso han saboteado sistemáticamente la independencia de la justicia, desmontado las capacidades de la fiscalía, facilitado el comercio de explosivos y, en general, aprobado normas a su medida. Han blindado a los suyos y arrasado frontalmente con fiscales independientes y jueces incómodos. El resultado: un deterioro acelerado del Estado de Derecho.
Este entramado tiene agrupaciones que son las 'cabecillas'. Coinciden los analistas políticos en que han generado y sostenido este esquema Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, sectores de Acción Popular, Podemos, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú. Más allá de discursos, han coincidido en las propuestas y votaciones clave para debilitar controles y preservar poder.
Esto no es casual. Es una forma de ejercicio del poder.
El ejemplo de Guatemala
La experiencia reciente de Guatemala deja una lección clara: el electorado decidió no votar por los candidatos del “pacto corrupto” de allá. Ese voto permitió abrir el camino de sana recomposición institucional que hoy dirige certeramente el presidente Arévalo.
En el Perú, la disyuntiva es igual de clara: seguir votando por quienes han capturado el Congreso o cortar ese circuito. ¡Ya! No se trata de “izquierda” o “derecha”, sino de decencia pública. No premiar con el voto a quienes han llevado al país al deterioro institucional debe ser, en estas horas, lo que guíe el espíritu nacional.
La tarea es clara y concreta: no votar por ellos. Sin matices. Cada voto que reciben prolonga la crisis. Cada voto que se les niega abre una esperanza de cambio.
Esta elección no es una más. Es una línea divisoria. Y el voto ciudadano decidirá de qué lado queda el país en los próximos cinco años: si volvemos a la institucionalidad responsable o nos mantenemos en la cleptocracia populista.