La Audiencia, pendiente de una declaración clave en la estafa cripto-cannabis
La Audiencia Nacional (AN) está pendiente de tomar declaración el próximo 7 de abril a un acusado clave en la denominada como estafa ‘cripto-cannabis’, que captó más de 645 millones de euros. Se trata de uno de los mayores fraudes a nivel europeo.
La declaración de Víctor Bitner, investigado por un presunto delito de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, estaba prevista para el pasado miércoles. Sin embargo, el juez instructor del procedimiento, Antonio Piña, no pudo asistir y la comparecencia del investigado recayó en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz.
El juez decidió posponer el interrogatorio clave del acusado, a la espera del regreso de Piña, y mantener en prisión provisional sin fianza a Bitner por un «alto riesgo de fuga» y de destrucción de pruebas.
El investigado, que fue detenido en Alemania, está considerado como una de las piezas clave en la presunta macroestafa internacional de la plataforma de inversión en cannabis Juicy Fields. Es calificado, de hecho, por los investigadores como el gestor económico de la trama: gestionaba una de las cuentas bancarias que recibió más de 161.000 millones de euros procedente de las víctimas del fraude y era el administrador de una de las sociedades del entramado.
«Ha participado también en el blanqueo de capitales para la organización criminal a través de su cuenta de criptomonedas, donde se reciben 3,46 millones de dólares procedentes de direcciones controladas por la red», reza el auto.
Con todo, la Audiencia está pendiente de la comparecencia de Bitner y también de la investigación que se sigue en Alemania, que paralelamente instruye la causa.
No obstante, el considerado el «líder» de la red y quien daba «órdenes» al resto de miembros de la organización criminal es Sergei Berezin, investigado por los mismos delitos que Bitner. Fue detenido en República Dominicana en abril de 2024 y prestó declaración ante el magistrado el pasado mes de noviembre.
Pero Berezin no solo era el líder, sino que también, según la Policía, ordenó a otro miembro de la organización criminal «asesinar a Bitner por haber desaparecido este con datos de acceso a diferentes bancos».
En su comparecencia ante el juez, este ciudadano ruso llegó a asegurar al juez que, parte del dinero captado con la estafa, se destinó a una fábrica de drones en San Petersburgo. Su declaración apuntó lo que los investigadores ya sospechaban: en el considerado como mayor fraude europeo la red contó con el respaldo del Kremlin.
Solo en España los afectados ascenderían a 1766 y los denunciados serían 284, según un auto del magistrado. El importe del fraude denunciado en nuestro país ascendería a 24.192 millones de euros. Pero, ¿cómo funcionaba la presunta estafa piramidal?
La operativa de la red
Los inversores se registraban en la página web y destinaban grandes cantidades de dinero para la compra de cultivos de cannabis –que no existían– y de la que esperaban recibir rentabilidades de entre el 70% y el 168,08%, según exponía la plataforma.
Los pagos se realizaban mediante criptomonedas de tres tipos: Bitcoin, Ether y Theter, que llegaban a una ‘wallet’ gestionada por los socios de la plataforma. Había también otra forma de realizar los pagos mediante transferencias bancarias a cuentas tituladas por la trama en Chipre, Alemania o Lituania.
De acuerdo a un auto judicial, el dinero captado de las víctimas –la mayoría de ellas de España representadas por el despacho Zaballos Abogados– no se reinvertía en cannabis medicinal, sino que «se destinaba a pagos parciales a las víctimas (...) y a la financiación del aparato de captación de la estafa (...), desapareciendo la mayor parte de la inversión en un complejo entramado de sociedades y cuentas bancarias tanto dentro como fuera de Europa.
La plataforma inició sus actividades el 22 de marzo de 2020 y dejó de operar en julio de 2022. Las autoridades financieras entonces ya advirtieron, previamente, de la irregularidad de la actividad. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España alertó sobre la plataforma, mientras que el regulador alemán BaFin llegó a prohibir su operativa e impuso una sanción de un millón de euros.
Con todo y, según el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado en febrero de este año, el caso suma ya a una docena de imputados y se prevé que la instrucción se alargue en más de un año.