Carlincatura del martes 7 de abril de 2026
El Perú salió de la pandemia expuesto ante sí mismo. Durante ese fatídico periodo de emergencia sanitaria global, el país registró la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo. Esa cifra, 6400 fallecidos por millón de habitantes, retrató con precisión el estado del sistema sanitario: hospitales sin capacidad suficiente, escasez de oxígeno, déficit de camas UCI y una estructura pública desbordada frente a una emergencia.
En ese sentido, la pandemia tan solo iluminó lo que ya existía.
La campaña electoral avanza hacia el 12 de abril y define el rumbo del país, pero también configura el margen de acción de la ciudadanía. Y, mientras tanto, la crisis sanitaria mantiene su vigencia.
Si bien el aseguramiento universal amplió la cobertura formal, el desafío actual se concentra en la atención efectiva. Citas oportunas, cirugías a tiempo y acceso a medicamentos son tan solo algunas de las demandas centrales. La República alertó recientemente sobre un grave desabastecimiento de medicamentos en hospitales del país, incluyendo insulina, tratamientos antirretrovirales y oncológicos, lo que pone en riesgo a millones de asegurados.
Y las causas tienen responsables políticos. Convoca señaló en una investigación algunos vínculos de funcionarios con agrupaciones como Alianza para el Progreso en áreas sensibles del sistema sanitario, en medio de cuestionamientos por compras, designaciones y gestión administrativa. Estas prácticas reflejan dinámicas de copamiento institucional que afectan la eficiencia y transparencia del sector, como sucede sin duda en otros sectores con otros actores políticos vinculados al pacto corrupto.
En ese marco, la coalición autoritaria que articula mayorías parlamentarias y cuotas de poder en el Ejecutivo encuentra en el sector salud uno de sus espacios más sensibles. La gestión sanitaria se ha convertido así en terreno de disputa, con efectos directos en la vida cotidiana de millones de peruanos.
En el marco del Día Mundial de la Salud, el país dispone de una oportunidad para ordenar prioridades. El Perú cuenta hoy con una ciudadanía que ha vivido la crisis en carne propia. Esa experiencia que debiera otorgar criterio, memoria y capacidad de decisión debe animar que el voto del 12 de abril para que pueda marcar un punto de inflexión que exija un Estado que llegue a tiempo, responda con calidad y garantice derechos elementales para la vida.