Las autonomías piden la dimisión de Mónica García y frenan su Manual de eutanasia
Los consejeros de Sanidad de la mayoría de las comunidades autónomas, todos los sindicatos médicos que integran el comité de huelga, la asociación que aglutina a los médicos residentes en España y los representantes de los estudiantes de Medicina. Estos son todos los actores del ámbito sanitario que, en un recuento preliminar, han pedido a Mónica García que dimita de su cargo en los últimos meses.
Los motivos son diversos, pero el más evidente es el de no ser capaz de resolver la grave huelga de médicos en toda España que está creando una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Los representantes de las autonomías del PP se lo han vuelto a reclamar, esta vez formal y unánimemente, en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), después de que la última estrategia de la ministra de Sanidad -la de parapetarse tras las organizaciones de pacientes para, según ella, buscar una salida a la huelga de médicos- fracase estrepitosamente.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sido la primera en pedir a García que dimitiera "con dignidad" y "antes de que la cesen por presiones externas".
"Es su responsabilidad y solo suya terminar con esta huelga", señaló, y le demandó que reconociera "la singularidad de la profesión médica y un marco de negociación propio, exclusivo y vinculante, porque reconocer los derechos del colectivo no significa detraer los de otras categorías profesionales sino todo lo contrario. Significa fortalecer el sistema".
También aprovechó para recordarle que detrás de los más de un millón de actos médicos anulados por los paros de los últimos meses (la primera huelga médica fue en junio de 2025) "hay pacientes que se merecen nuestro respeto". "Pacientes a los que usted usa de escudo para boicotear las negociaciones con los médicos, porque lo que no quiere es parar esta huelga, señora Mónica García, tampoco mienta", prosiguió.
"Estamos hartos"
"Los consejeros estamos hartos de que haga declaraciones en los medios antes de decirnos a nosotros qué opina y de que mienta y manipule respecto a lo que se ha decidido en un consejo interterritorial, y eso ha de ser sagrado", señaló, al respecto de sus declaraciones sobre que la mediación de los pacientes era una petición autonómica. "Usted está inhabilitada e incapacitada para gobernar", añadió.
En la misma línea se pronunció el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que manifestó su "desconfianza absoluta" en que la ministra quiera buscar una solución para la huelga de los médicos contra el Estatuto Marco, por lo que le pidió que "dimita y que deje hueco a alguien que tenga voluntad de buscar una solución".
"Mónica García no está capacitada para liderar ni una solución a esta situación ni, desde luego, para representar a un Ministerio que debe evitar estos problemas y que, por el contrario, está provocando graves problemas a la ciudadanía", declaró.
La consejera de Sanidad de Baleares, Manuela García, recomendó a la ministra "dar un paso al lado" a la vista de su incapacidad para resolver el conflicto que ella misma ha creado por la reforma del Estatuto Marco. Sobre las declaraciones previas de García sobre su disposición al diálogo, la consejera balear le espetó: "por mucho que se siente el lunes, el martes, el miércoles o de lunes a viernes con el comité de huelga, si va con las manos vacías, si no lleva propuestas nuevas, no hay una memoria económica o no plantea modificaciones legales, se puede reunir toda la vida pero no llegar a un acuerdo".
Manual sin aval de los especialistas
Otro plan fallido de la ministra en el Pleno del Cisns es el de aprobar el "Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia", que figura como prioritario en el orden del día. También es Madrid quien lo frena en seco, alegando que el Ministerio no ha compartido el documento con ninguna sociedad científica ni colegio profesional implicado en el abordaje de esta prestación.
Matute pidió que el texto se hiciera llegar a los representantes de organizaciones clave como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) o la Sociedad Española de Neurología (SEN) "con el objetivo de enriquecerlo con sus aportaciones en aras de alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible como es esta". Navarra ha apoyado la idea.
El Ministerio ha aceptado hacerlo y llevar el texto al siguiente encuentro con las autonomías.
Cabe tener en cuenta que, tal y como pudo corroborar LA RAZÓN, ninguna de estas sociedades de especialistas había visto siquiera un borrador de la propuesta, que Sanidad pretendía que las autonomías aprobaran. El texto tiene la voluntad de sustituir al Manual de 2021 y su objetivo principal sería, a juicio del Ministerio, el de "armonizar la práctica de la prestación asistencial de la eutanasia en todo el territorio nacional y mejorar el acceso a la prestación".
Precedentes cercanos
Resulta curioso que tal premisa se pueda cumplir si se mantiene al margen a los especialistas que tratan a los pacientes que más frecuentemente demandan esta prestación, pero el Ministerio de Mónica García ya tiene experiencia en este tipo de estrategias sectarias.
Lo hizo también cuando presentó el último Plan de Salud Mental, en el que incluyó como firmantes a la presidenta y el vicepresidente de la Sepsm, que no habían dado el aval al documento. Gracias a que los afectados lo hicieron público, las comunidades pudieron reclamar a Sanidad que presentara una propuesta consensuada con los profesionales, y se retrasó la votación al siguiente Pleno.
