Mazón recurre ante la Audiencia la negativa de la jueza de la dana a que pueda personarse en la causa

La representación jurídica del expresident de la Generalitat Carlos Mazón ha recurrido ante la Audiencia de Valencia la negativa de la jueza de Catarroja a que se persone en la causa por la gestión de la dana de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos.

La jueza instructora rechazó la solicitud del exmandatario —a quien ha citado para una testifical— de personarse en el procedimiento esgrimiendo que la figura del denominado 'testigo asistido' no existe en España.

Ahora, el recurso contra tal decisión se articula su en torno a cinco ideas esenciales. En primer lugar, se pone de manifiesto una “anomalía procesal relevante” derivada del momento en que se elevó la exposición razonada, hacen notar fuentes de la representación legal a Europa Press.

En este sentido, la defensa entiende que esa decisión “se adoptó apartándose del criterio que, hasta entonces, habían venido manteniendo tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana —mediante auto 23 de diciembre de 2024—, como la Audiencia Provincial de Valencia (en su resolución de 23 de octubre de 2025), y también del que la propia instructora había expresado con anterioridad (auto 5 de mayo de 2025), en el sentido de que una eventual exposición razonada debía producirse al término de la instrucción y no en una fase intermedia de la misma”.

Esa “alteración del criterio procesal” que habían manifestado todos los tribunales, incluido el de Catarroja, ha dado lugar a una situación que califican de “singular: por un lado, el TSJ se ha pronunciado de forma clara en relación con la inexistencia de responsabilidad penal del señor Mazón; pero, por otro, permanecen vivas en el procedimiento todas las diligencias practicadas en primera instancia con incidencia sobre su posición”. Diligencias que, además, “nada impide que puedan ser utilizadas nuevamente en el futuro para intentar elevar una segunda exposición razonada”, remarcan.

En segundo término, el recurso sostiene que esa forma de proceder ha generado una situación de “seria indefensión” desde el punto de vista procesal. La razón es que se han practicado diligencias que afectan al 'expresident' “sin que éste haya podido intervenir en ellas en condiciones de defensa”.

Se cita de manera particularmente significativa el mantenimiento de las declaraciones de miembros de su equipo de comunicación una vez elevada ya la exposición razonada, en un momento en el que no existía posibilidad real de personación en el juzgado instructor para conocer, impugnar o reaccionar frente al contenido de esas actuaciones. Esas diligencias forman parte del procedimiento con plena validez y vigencia.

La defensa entiende que esta circunstancia no puede considerarse irrelevante mientras la propia dinámica de la instrucción deje abierta la posibilidad de nuevas valoraciones o de futuras decisiones sustentadas, en todo o en parte, en ese mismo material instructor.

En tercer lugar, el recurso rechaza que pueda afirmarse que Mazón dejó pasar una supuesta oportunidad procesal para personarse e impugnar diligencias anteriores. Aquí subrayan que la instrucción continúa abierta y, precisamente por ello, “subsiste la posibilidad de que determinadas actuaciones ya practicadas sean reinterpretadas o conectadas con otras futuras”.

“Interés legítimo y actual”

Desde esa perspectiva, el abogado del exdirigente autonómico considera que “sigue existiendo un interés legítimo y actual en poder combatir diligencias que, a su juicio, se apartaron del marco limitado que había fijado la Audiencia Provincial”.

Se hace referencia, en este punto, a interrogatorios y preguntas que la defensa considera “ajenos al objeto estrictamente habilitado por la Audiencia Provincial —con preguntas sobre el jersey, la comanda del restaurante o el interrogatorio de Feijóo aludiendo Marcial Dorado— y, por tanto, susceptibles de nulidad”.

La tesis del recurso es que, mientras tales diligencias sigan integradas en la causa y mantengan su eficacia procesal, “no puede cerrarse al afectado la posibilidad de comparecer para defender sus derechos”, resumen las mismas fuentes.

En cuarto lugar, se sostiene que el derecho de Carlos Mazón a personarse “no nace ni se agota en un instante procesal aislado, sino que surge desde el momento en que se practica o se acuerda una diligencia con aptitud objetiva para afectarle y permanece vivo mientras la instrucción continúe abierta”.

“Esa es, en realidad, una de las ideas centrales del recurso: que el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede interpretarse de forma restrictiva ni como una garantía meramente formal o efímera, sino como un verdadero instrumento de defensa frente a una investigación en la que, aun sin imputación formal consolidada y a pesar del pronunciamiento del TSJ, se sigue manteniendo una dinámica instructora en la que se afirma expresamente no se descarta incidir sobre la posición jurídica del aforado”, argumentan.

Por eso, mientras permanezca abierta la instrucción y exista la posibilidad de que diligencias pasadas o futuras sirvan de apoyo a una eventual nueva exposición razonada, “el derecho de defensa no puede considerarse extinguido”, inciden.

Finalmente, el recurso afirma que, más allá de las declaraciones formales que niegan responsabilidad penal, la realidad material del procedimiento “revela que la instrucción sigue proyectándose sobre el señor Mazón”.

Así lo evidenciarían, según la defensa, diligencias orientadas a esclarecer qué información recibió, con quién habló, qué comunicaciones mantuvo o cuál pudo ser su intervención en la secuencia de los hechos.

Entre ellas, mencionan la declaración de la exportavoz del Consell Ruth Merino para que informe sobre los datos que manejaba Mazón en un momento concreto (solicitada en el mismo auto en el que se le cita a él como testigo), la solicitud de conversaciones y comunicaciones con él por parte de distintos testigos y la propia prórroga de la instrucción interesada para avanzar en actuaciones vinculadas a su entorno inmediato. Desde la perspectiva del recurso, esta “continuidad material de la actividad instructora es incompatible con negarle simultáneamente la posibilidad de personarse y ejercer su defensa”.

Por todo ello, y reiterando de forma expresa que la defensa sostiene que “no existe responsabilidad penal alguna” de Mazón, el recurso concluye que “solo caben dos soluciones verdaderamente coherentes”.

“Dejar sin efecto diligencias de investigación”

La primera sería dejar sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado, de modo que su posición en la causa quedara reducida de forma efectiva a la de un mero testigo ajeno a cualquier posible afección procesal.

La segunda, si esas diligencias se mantienen vivas o pueden ser utilizadas nuevamente en el futuro, es permitir su personación para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa frente a unas actuaciones que se vienen desarrollando desde hace más de un año y que no pueden seguir produciéndose a sus espaldas. Esa es, en esencia, “la contradicción procesal que el recurso somete a revisión de la Audiencia Provincial”, zanjan.