Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: "Los propietarios de vivienda están obligados a aceptar la prórroga del alquiler del inquilino"
Durante el primer trimestre de 2026, el mercado del alquiler en España ha continuado su tendencia alcista, según los últimos datos proporcionados por Idealista. El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 7,1% durante los últimos doce meses, es decir, de manera interanual. Este crecimiento ha situado los precios medios en niveles máximos históricos, con un valor aproximado de quince euros por metro cuadrado al mes. Esta evolución refuerza la dificultad de acceso a la vivienda para muchos hogares, especialmente en grandes áreas urbanas.
El encarecimiento no se limita a un ámbito concreto, ya que todas las capitales de provincia, con la excepción de Barcelona, han registrado aumentos en sus precios durante el último año. Esta evolución generalizada refleja una presión sostenida sobre la oferta de vivienda en alquiler, en un contexto de alta demanda y escasa disponibilidad en numerosos mercados urbanos del país. De esta suerte, la situación evidencia además una creciente brecha entre salarios y costes de vivienda en distintas zonas del territorio.
En este escenario ha surgido una intensa controversia en torno a la aplicación del Real Decreto ley 8/2026 de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. La polémica se centra en el impacto de estas medidas sobre el mercado, ya que algunos agentes consideran que pueden agravar la reducción de la oferta disponible y generar inseguridad jurídica entre propietarios e inversores. Por el contrario, otros defienden su necesidad para proteger a los inquilinos en un contexto de fuerte tensión de precios, prorrogando así la duración de sus contratos.
Esta es la obligación que deben cumplir los propietarios
El analista inmobiliario y experto en el mercado de la vivienda, Sergio Gutiérrez, dado a conocer en redes sociales por sus consejos sobre el estado del sector, expone el factor obligatorio de la nueva normativa fijada por el Gobierno en materia de contratos de arrendamiento. "Los propietarios de vivienda están obligados a aceptarlo, aunque no quieran, aunque pierdan dinero o aunque se queden con un inquilino totalmente indeseable. La prórroga del nuevo Decreto es obligatoria y se debe aceptar", comienza explicando el profesional del sector. En este sentido, detalla que no se trata de una decisión que pueda resolver el casero desde su perspectiva sino una imposición.
"Si ya habíais pactado, por ejemplo la salida antes del Decreto, también si el inquilino lo solicita se prorroga dos años. Si el contrato era por siete o diez años porque lo firmaba una empresa o porque lo hiciste de más tiempo originalmente", comenta. Por ende, la condición de aceptar una renovación de dos años es lícita, tal y como detalla la ley. Sin embargo, existe una circunstancias que pueden condicionar que dicha extensión se dilate hasta los tres años. "Y si estás en la renovación tácita en la que la LAU te da tres años extra, también pueden pedir la renovación, obviamente siempre que finalice antes de 2028 y que el inquilino lo soliciten mientras el Decreto está en marcha", agrega.
Todos los casos en los que no es obligatoria la prórroga
Gutiérrez detalla, a continuación, los supuestos en los que no existe dicha obligación. "Por ejemplo si están en tácita reconducción, que es cuando ya han acabado las prórrogas de la LAU y se renueva tácitamente sin ningún contrato, o cuando es alquiler temporal, o cuando es alquiler de habitaciones por el Código Civil, y si el Decreto se ha derogado, en ese caso ya no podrían pedirlo", destaca. Con esta afirmación se refiere a la posible eliminación de este derecho, pues su continuidad depende de una votación parlamentaria que cuenta con fecha límite del 22 de abril para su votación.
El sector más afectado por el Decreto: los pequeños propietarios
En este contexto, el experto analiza el sector más perjudicado de todos los arrendadores. "Este Decreto ha hecho tanto daño a pequeños propietarios que necesitaban vender su vivienda, que ya lo tenían planificado, y le envían una carta a los fondos y a los fondos les da igual", sentencia. Por otro lado, también se estima un posible colapso en los juzgados como consecuencia de todos estos casos, donde los inquilinos tratarán de firmar la renovación antes de la derogación del Decreto. "El daño es al pequeño propietario, al ahorrador", concluye.