Informe de la PDI apuntaría a eventual tráfico de influencias en gestiones de Karol Cariola
Nuevos antecedentes podrían incorporarse a la investigación que involucra a la senadora Karol Cariola, luego de que la Policía de Investigaciones remitiera un informe de 94 páginas a la Fiscalía Regional de Coquimbo. El documento, elaborado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (BRIAC), analizaría una serie de gestiones que la entonces diputada habría realizado ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, durante enero de 2022. La indagatoria se centraría en los intentos por renovar las patentes de alcohol del local Chinamart, perteneciente al empresario Bo Yang, a quien la parlamentaria habría mencionado como «amigo» en conversaciones que habrían sido recuperadas mediante peritajes técnicos.
Según el análisis policial, dichas acciones presentarían elementos que podrían ser compatibles con el delito de tráfico de influencias. El informe detallaría que estas intervenciones habrían generado actuaciones administrativas al interior del municipio que se habrían extendido en el tiempo, a pesar de que el Concejo Municipal ya habría resuelto no renovar las patentes en cuestión. De este modo, la PDI habría establecido que, aunque las gestiones no habrían logrado revertir la decisión original, sí habrían dado origen a procedimientos considerados excepcionales, permitiendo que un proceso con resolución previa se mantuviera activo de forma irregular en este 2026.
Posibles instrucciones municipales y la postura de la defensa
Uno de los puntos más relevantes del texto apuntaría a que, tras las presuntas gestiones de Cariola, la entonces alcaldesa Hassler habría instruido a funcionarios municipales para revisar antecedentes y explorar alternativas que permitieran reactivar la tramitación. La investigación detallaría la existencia de comunicaciones que habrían sido insistentes entre el 18 y el 24 de enero de 2022, fechas posteriores a la negativa del Concejo. En paralelo, el informe consignaría que otros imputados en la causa habrían optado por guardar silencio, incluyendo al empresario involucrado y a un intermediario que habría actuado como nexo entre las partes.
Desde la defensa de la senadora, el abogado Juan Carlos Manríquez cuestionó las conclusiones del documento, señalando que, desde una perspectiva penal, los actos de trámite no tendrían un carácter terminal. Asimismo, argumentó que no podría existir tráfico de influencias sin un interés patrimonial, elemento que, según su visión, no existiría en este caso. Para el jurista, el informe policial no entregaría una conclusión categórica ni lograría establecer la existencia de un delito o culpabilidad alguna. Con estos antecedentes sobre la mesa, el Ministerio Público deberá ahora definir los próximos pasos legales y determinar si existen méritos suficientes para avanzar en la persecución penal.
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