¿Qué es la ley FISA que permite a Trump espiar a la gente? Así afecta a los españoles
Este viernes, el Congreso de Estados Unidos aprobó la prórroga de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) hasta el próximo 30 de abril. La intención del presidente, Donald Trump, era extenderla a largo plazo y de forma indefinida, a pesar de las duras críticas que realizó en abril de 2024, en el que afirmaba que fue utilizada en su contra para "espiar" su campaña. Con esta ley, las principales agencias de inteligencia estadounidenses tendrían autorización para utilizar la información recogida por las empresas de telecomunicaciones estadounidenses.
Concretamente, el congreso votó por la reautorización de la Sección 702 de la ley 'Foreign Intelligence Surveillance Act' (FISA), una ley federal de Estados Unidos aprobada en 1978. El principal objetivo de esta ley es garantizar a las agencias de inteligencia la capacidad de recoger información de personas extranjeras que se encuentran fuera del territorio estadounidense, siempre bajo orden judicial. Sin embargo, la Sección 702 permite a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espiar a ciudadanos no nacionales que utilicen infraestructuras digitales de origen estadounidense sin necesidad de autorización.
Según las voces más críticas de esta ley, con esta autorización, otras agencias de inteligencia que colaboran con la NSA, como el FBI, también tienen acceso a los datos extraídos sin necesidad de una orden judicial. Asimismo, algunos de los miembros del congreso lo consideran como una vulneración del derecho a la privacidad tanto de ciudadanos estadounidenses como de extranjeros. Por ello, la Cámara rechazó el primer acuerdo presentado por el gobierno en el que se solicitaba su prórroga por cinco años con algunas modificaciones. Asimismo, también se bloqueó una petición de extenderla por 18 meses, dando como resultado un plazo de 10 días para continuar con las negociaciones.
¿En qué consiste la ley FISA?
La ley FISA, desde su aprobación en 1978, obliga a las empresas que gestionan las infraestructuras de telecomunicaciones estadounidenses a aportar los datos de personas de origen extranjero que han recopilado. Estos datos quedan a plena disposición de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) siempre que cumpla con la regulación establecida por la ley y esté autorizada por el Tribunal FISA. Este órgano es establecido por el Congreso y se encarga de revisar las solicitudes del gobierno en relación a la vigilancia electrónica, registros y otras técnicas de investigación recogidas por la ley.
Gracias a la presencia de la Sección 702, incluida en el año 2008, la NSA tiene acceso a la información de personas no residentes en Estados Unidos sin necesidad de una orden de registro, así como de nacionales que mantengan conversaciones con personas extranjeras, según informa "CBS News" para "BBC". Por ello, y según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), recogido por "BBC", el gobierno estadounidense puede tener acceso a llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y otro tipo de comunicaciones siempre que se hayan realizado gracias a infraestructuras de origen estadounidense.
En el momento de su aprobación, esta sección tenía como objetivo recopilar información esencial para combatir los intentos de ataques terroristas, el tráfico internacional de drogas y armas, hackeos y ataques cibernéticos o, incluso, para llevar a cabo misiones de espionaje en el extranjero. Asimismo, la falta de obligación de órdenes judiciales se debe a que estas ralentizarían la realización de las misiones. Por ello, el presidente de Cámara indicó su intención de continuar las negociaciones para "mantener a salvo a los estadounidenses, pero salvaguardando al mismo tiempo nuestros derechos constitucionales y asegurando que los abusos de la FISA cometidos en el pasado no vuelvan a ser posibles", recoge "CNN".
Implicaciones para España
Al permitir la vigilancia de las comunicaciones extranjeras realizadas a través de empresas de origen estadounidense, la ley FISA tiene implicaciones directas con los usuarios europeos. Tanto España como las 22 naciones europeas restantes utilizan los servicios de compañías de telecomunicaciones con origen en Estados Unidos como Google, Meta o AT&T, por lo que todos los mensajes y llamadas realizadas bajo sus aplicaciones podrían estar monitorizadas por Washington sin necesidad de una orden judicial previa.
Según el ranking de aplicaciones de mensajería más populares por país realizado por la empresa Infobip, en España, las apps más utilizadas son: WhatsApp, con un 85%; Instagram, 55%; RCS, 50%; Messenger, 40%; y Telegram, 30%. Todas ellas estadounidenses, menos Telegram, de origen británico-emiratí. Asimismo, Google se posiciona como el buscador más utilizado por los españoles, ofreciendo una amplia variedad de servicios como Gmail, el cual permite enviar correos electrónicos entre sus usuarios; Meet, para realizar videollamadas y reuniones; o Chat, que permite el envío de mensajes privados y en grupo entre miembros de un equipo.
Por ello, algunos expertos en ciberseguridad como Ben van der Burg recomiendan sustituir las aplicaciones de origen estadounidense como WhatsApp o Gmail por otras opciones europeas para que sus usuarios sepan con certeza que sus datos serán tratados bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) elaborados por la Unión Europea. Este cambio es especialmente pertinente para navegadores, apps de correo electrónico, software de almacenamiento y aplicaciones de mensajería.