Díaz y su enésima pretensión de subir el salario mínimo: ¿qué va a pasar con el empleo?
La política económica exige algo más que reflejos inmediatos ante cualquier perturbación externa. Requiere análisis, coherencia y, sobre todo, comprensión de los mecanismos que rigen la creación de riqueza. El reciente anuncio de Yolanda Díaz de plantear una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), apenas seis meses después de la anterior, bajo el argumento de la guerra en Irán, vuelve a poner de manifiesto una preocupante tendencia: la utilización de medidas de impacto político inmediato que, sin embargo, generan efectos económicos profundamente distorsionadores.
La primera cuestión que conviene señalar es la desconexión entre la causa esgrimida y la medida propuesta. Un conflicto geopolítico como el de Irán puede tener efectos sobre los precios energéticos, sobre la inflación o sobre las cadenas de suministro. Pero pretender responder a ello mediante una subida del SMI revela una comprensión limitada de los canales de transmisión económica. No se combate una perturbación de costes elevando por decreto otro coste adicional; se agrava.
El salario no puede fijarse de manera arbitraria sin consecuencias. Es el resultado de la productividad del trabajo en un contexto de mercado. Cuando el legislador impone un salario mínimo por encima del nivel que corresponde a la productividad de determinados trabajadores, lo que está haciendo, en términos económicos, es expulsarlos del mercado laboral o empujarlos a la economía sumergida. Si la productividad no respalda ese salario, la relación laboral no se sostiene.
España arrastra ya un problema estructural en este ámbito. Las sucesivas subidas del SMI en los últimos años han elevado de manera significativa el coste laboral de los trabajadores de menor cualificación. Este incremento no ha venido acompañado de mejoras equivalentes en productividad, lo que ha generado tensiones evidentes en determinados sectores, especialmente en las pymes, que constituyen el núcleo del tejido productivo español.
Ante esta situación, las empresas no tienen margen para la filantropía: ajustan. Y lo hacen de diversas formas. Por un lado, reduciendo contrataciones o directamente prescindiendo de aquellos puestos cuya productividad no cubre el nuevo coste salarial. Por otro, reestructurando internamente su escala retributiva. Es aquí donde aparece uno de los efectos más perniciosos y menos discutidos de estas políticas: la compresión salarial.
Las sucesivas subidas del SMI han elevado el coste laboral de los trabajadores de menor cualificación
Cuando se eleva de manera forzada el salario de los trabajadores menos productivos, las empresas, para mantener su estructura de costes, tienden a limitar el crecimiento salarial de los trabajadores más productivos. Es un ajuste interno inevitable. El resultado es que aquellos empleados que aportan mayor valor no ven retribuido ese diferencial de productividad. Se reduce el incentivo al esfuerzo, a la formación y a la mejora continua. En última instancia, se erosiona el capital humano.
Este fenómeno tiene consecuencias claras en términos de movilidad laboral. Los profesionales mejor formados, aquellos en los que la economía ha invertido más recursos educativos, encuentran cada vez más atractivo trasladarse a entornos donde su productividad sí se remunera adecuadamente. La salida de talento no es una abstracción; es una realidad creciente. Y cada salida supone una pérdida neta para la economía: se pierde capacidad productiva presente y futura.
Al mismo tiempo, la elevación continuada del SMI incentiva la automatización en determinados sectores. Esto, que en sí mismo no es negativo si responde a mejoras de eficiencia, se convierte en un problema cuando es inducido artificialmente por una presión regulatoria sobre los costes laborales. Las empresas sustituyen trabajo por capital no porque sea la opción más eficiente en términos económicos, sino porque la regulación ha encarecido artificialmente el factor trabajo. Todo ello se traduce en un mercado laboral más rígido, con menor capacidad de absorción de trabajadores, especialmente de aquellos con menor cualificación. La paradoja es evidente: una medida que se presenta como protección para los más vulnerables termina dificultando su acceso al empleo. Sin empleo no hay integración económica ni social posible.
Insistir en subidas del SMI como respuesta a cualquier perturbación externa introduce más incertidumbre. Las empresas operan en un entorno donde la previsibilidad es clave para la inversión y la planificación. Si los costes laborales pueden alterarse de manera recurrente y con escasa justificación económica, el resultado es una menor propensión a invertir y a crear empleo. Se expulsará, así, a la inversión, cosa que ya está pasando. La alternativa no pasa por decretar salarios más altos, sino por crear las condiciones para que aumenten de manera sostenible. Esto implica avanzar hacia una mayor flexibilidad del mercado laboral, reducir trabas regulatorias, fomentar la competencia y facilitar la inversión. En otras palabras, permitir que la economía genere valor añadido.
Solo a través de aumentos de productividad pueden sostenerse salarios más elevados sin destruir empleo. Pretender invertir este orden –subir salarios para generar prosperidad– es confundir causa y efecto. La historia económica ofrece suficientes ejemplos de los costes de este error.